Una profunda fractura institucional y un encendido debate social se desató en el país tras la filtración del memorando No. 02-2026 emitido por el Poder Judicial de Honduras.
El instructivo administrativo, firmado por la magistrada de la Sala Civil y encargada de Justicia Abierta, Rubenia Esperanza Galeano, ordena de forma obligatoria a todos los jueces en materia penal registrar la "identidad de género autopercibida" y el "nombre social o elegido" de los imputados durante las audiencias iniciales, una disposición que generó suspicacia inmediata en la población al considerarse una reforma legal implementada por la vía de los hechos.
La polémica normativa interna provocó la reacción del bloque conservador y de las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional, debido a que en la legislación hondureña no existe una Ley de Identidad de Género aprobada formalmente.
La controversia escaló al plano político durante la misma sesión en la que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) compareció para entregar el anteproyecto de la Ley del Consejo de la Judicatura, escenario que los parlamentarios aprovecharon para condicionar su respaldo y exigir la derogación del polémico memorando de género.
La presidencia del Congreso Nacional advirtió que la medida judicial comenzó a cohesionar un fuerte bloque de rechazo en la sociedad civil y las estructuras religiosas de la nación."Hay un tema, con el respeto debido porque ustedes son muy independientes, sí le solicitaría revisar porque tenemos varias inquietudes de compañeros diputados que nos han estado escribiendo de poder hacer algunas manifestaciones en el pleno sobre el memorándum 2-2026 en el tema de ideología", manifestó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La jefatura del Legislativo instó de forma directa al pleno de magistrados a someter a debate interno la validez del oficio para frenar la polarización de los sectores civiles provida.
"Yo le he pedido respetuosamente al presidente y al pleno de la Corte Suprema de Justicia si pueden tocar el tema, si lo pudieran revertir, creo que es sano en este momento. Ya eso empieza a levantar mucho grupo en contra como las iglesias, los grupos de familias, padres de familia, grupos providas y compañeros diputados en el entorno del Congreso. Magistrados, si lo pueden revisar dentro de sus facultades, sería importante llevar a cabo esa revisión o dejarlo sin valor y efecto", argumentó Zambrano.
Pronunciamiento
El malestar político se alineó de manera inmediata con el posicionamiento de las cúpulas religiosas, las cuales emitieron pronunciamientos de censura contra el Poder Judicial.
La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) oficializó un enérgico rechazo al documento al considerar que la instrucción emitida por la magistrada Galeano violenta los artículos pétreos de la Constitución de la República e intenta imponer preceptos contrarios a los valores tradicionales de la sociedad hondureña.
Para la organización eclesiástica, el memorando representa un exceso administrativo que lesiona las competencias exclusivas que la carta magna le confiere de forma única al Poder Legislativo."Consideramos que el Poder Judicial se ha extralimitado en su actividad administrativa con este memorándum al pretender incorporar una ideología que contradice el pensar de más del 95% de las familias hondureñas. Esta medida afecta principios establecidos en la Constitución de la República de Honduras", denunció la Confraternidad Evangélica de Honduras a través de un comunicado oficial.
La plataforma desglosó que el instructivo judicial vulnera el Estado de Derecho contenido en el Artículo 1 y el principio de protección a la familia del Artículo 112 de la Constitución, argumentando que la dignidad humana no puede utilizarse como mecanismo para alterar las categorías biológicas de los ciudadanos.
"Corresponde exclusivamente al Poder Legislativo crear, reformar o derogar las leyes. El Poder Judicial no puede legislar por vía de memorándum institucional, invadiendo competencias que la Constitución reserva al Congreso Nacional. Por lo anteriormente expresado solicitamos al presidente de la Corte Suprema de Justicia y al pleno de magistrados que deje sin valor y efecto ese oficio que viola nuestra Constitución", puntualizó la entidad religiosa.
El conflicto institucional permanece bajo la lupa de la opinión pública mientras el pleno de la CSJ analiza si mantendrá la vigencia del protocolo penal o si cederá ante las presiones cruzadas del parlamento y de las organizaciones eclesiales, en un escenario donde el reconocimiento de la diversidad sexual sigue careciendo de sustento estatutario en el derecho positivo hondureño.
