La reconfiguración de la institucionalidad electoral hondureña entró en una fase clave dentro del Congreso Nacional, donde la elección de nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) avanza entre negociaciones complejas, falta de consensos y diferencias partidarias sobre las reformas al sistema electoral.
El proceso ya superó una primera etapa con la evaluación técnica y depuración de las hojas de vida de los aspirantes, lo que permitió reducir la lista a una nómina de profesionales considerados idóneos para ocupar cargos en los organismos electorales.
Sin embargo, el verdadero desafío político comenzará en el pleno legislativo, donde se necesitan 86 votos para aprobar reformas electorales y nombrar a las nuevas autoridades, una cifra que obliga a las bancadas a construir acuerdos amplios en un ambiente marcado por la polarización.
“Nosotros ya entregamos el listado de los 24 autopostulantes. Creo que fue un buen trabajo realizado, muy objetivo, y creo que hemos sido muy poco críticos o que alguien entró por padrinazgo político”, expresó Antonio Rivera Callejas, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso Nacional.
De acuerdo con Rivera Callejas, la primera etapa de reformas no contempla cambios integrales a las reglas electorales, sino modificaciones puntuales y operativas orientadas a agilizar el funcionamiento interno del CNE y del TJE.
Uno de los puntos principales será eliminar la exigencia de unanimidad en las decisiones de ambos entes, para sustituirla por el criterio de mayoría de votos entre consejeros y magistrados.
La intención, según la comisión legislativa, es evitar bloqueos internos que puedan paralizar decisiones administrativas o afectar el cumplimiento de los cronogramas electorales.
“Yo calculo que en el mes de julio ya la estaremos presentando, para que en el mes de octubre presentemos las otras reformas que son las más profundas, como ciudadanización de las mesas, uso del TREP, uso del biométrico”, precisó Rivera Callejas.
Con ese calendario, las reformas operativas serían discutidas primero, mientras que los temas más sensibles, como la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), la identificación biométrica y la integración ciudadana de las mesas electorales, quedarían para el último trimestre del año.
El debate legislativo también está condicionado por la selección de las nuevas autoridades electorales. La situación varía entre los funcionarios que podrían solicitar licencias temporales y las vacantes definitivas generadas por juicios políticos, renuncias o fallecimientos, como ocurrió con la exmagistrada del TJE, Miriam Barahona.
Rivera Callejas reconoció que la elección de los nuevos perfiles será una tarea más compleja, debido a las diferencias entre quienes defienden la distribución tradicional de cuotas partidarias y quienes plantean una integración más despolitizada, con participación de sectores de la sociedad civil.
“Esta creo que va a ser más complicada, más difícil y llevará más tiempo”, puntualizó el titular de la Comisión de Asuntos Electorales.
Para los diputados, la reforma de las leyes y la selección de las nuevas autoridades electorales están directamente relacionadas, pues consideran que no tendría sentido nombrar nuevos funcionarios si estos deberán operar bajo las mismas reglas que han provocado bloqueos institucionales.
La falta de acuerdos inmediatos mantendrá en suspenso la integración definitiva del CNE y del TJE durante los próximos meses, en momentos en que el Congreso deberá decidir si logra los consensos necesarios para reformar la normativa electoral antes de los próximos procesos democráticos.