En un fuerte llamado a las autoridades del país, la plataforma social Defensores de Honduras emitió un pronunciamiento público en el que urgió una reestructuración de las políticas de seguridad nacional. La organización señaló la necesidad de que el Poder Ejecutivo potencie su liderazgo estratégico para lograr una verdadera cohesión entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y los tribunales de justicia.
“Defensores de Honduras apoya las decisiones, reformas legales y acciones firmes y eficaces encaminadas a combatir la violencia y la criminalidad organizada”, destaca el comunicado difundido por la agrupación. Asimismo, la organización remarcó que el combate a las bandas delictivas debe anticiparse a los hechos delictivos mediante un trabajo articulado de inteligencia, deteniendo el control que estos grupos ejercen sobre territorios y mercados antes de que ocurran tragedias que afecten a la población.
Con respecto al funcionamiento de los entes de justicia y seguridad, la plataforma apuntó que “no pueden seguir operando exclusivamente en modo reactivo, sino de manera preponderantemente preventiva; su organización interna y operatividad deben cambiar a fondo, con depuración permanente en todas sus estructuras, sin limitarse a un simple relevo de nombres para sus grupos operativos. La ciudadanía exige resultados concretos: grupos violentos bajo control, reducción sostenida de homicidios en número y tasa, y condiciones para que inversionistas, emprendedores y trabajadores del campo y la ciudad desarrollen sus labores en paz, disfruten del fruto de su esfuerzo y nos provean bienes y servicios no encarecidos por la extorsión y los derechos de piso”.
El documento también dedica un apartado directo hacia el ente fiscalizador del Estado. En ese sentido, los representantes manifestaron: “Al Ministerio Público le exigimos actuaciones expeditas y procedimentalmente correctas contra delincuentes comunes, organizados y de cuello blanco, puestos a su disposición por las fuerzas del orden”. De igual manera, urgieron esclarecer con total objetividad los sucesos acontecidos el pasado 9 de marzo de 2025.
Por otra parte, la organización fijó su postura frente al rol de los diputados y partidos políticos en el Congreso Nacional: “A los partidos políticos y a sus miembros en condición de diputados, Defensores de Honduras les reconoce el derecho a ejercer oposición democrática para fiscalizar y disentir, pero rechaza toda estrategia orientada a desinformar, incendiar la opinión pública, debilitar la institucionalidad o sabotear la gobernabilidad de Honduras.El Congreso Nacional, como poder del Estado, debe preservar su función legislativa e institucional. Los medios, la sociedad civil, la comunidad internacional y la ciudadanía deben permanecer vigilantes frente a toda campaña de desinformación y desestabilización, propia de regímenes autoritarios interesados en erosionar nuestra democracia y los derechos de los ciudadanos”.
Finalmente, el pronunciamiento concluye con una exigencia directa al mandatario de la República para consolidar una política de seguridad efectiva. “La inteligencia preventiva, la justicia sin persecución política, la oposición responsable y la depuración permanente de las instituciones son pilares indispensables para la seguridad interna, la democracia constitucional y la defensa de la República”, puntualiza el documento emitido este primero de junio de dos mil veintiséis en la capital.
