Un proyecto presentado en el Congreso Nacional busca cerrar una de las principales grietas legales que, según su impulsor, permite que muchos padres eviten pagar la pensión alimenticia de sus hijos.
Mario Pérez, diputado del Partido Nacional por Santa Bárbara, propuso reformar el artículo 225 del Código de Familia para que las deudas por alimentos no prescriban con el paso del tiempo.
La iniciativa pretende eliminar la limitación actual que impide reclamar la totalidad de las pensiones atrasadas. Según explicó el legislador, la norma vigente permite que, aunque un padre haya dejado de pagar durante años, solo pueda exigirse judicialmente una parte mínima de esa deuda.
Pérez señaló que, en la práctica, cuando una madre demanda el pago de pensión alimenticia y gana el proceso, únicamente puede reclamar el último año de deuda.
“Puede haber cinco años sin pagar, pero la ley solo permite cobrar una parte de ese período”, afirmó.
Por ello, el proyecto plantea eliminar esa prescripción y establecer que la persona obligada a dar alimentos pague la totalidad de la deuda acumulada, sin importar cuánto tiempo haya pasado desde que dejó de cumplir con su obligación.
Actualmente, el Código de Familia establece que “no pueden reclamarse alimentos pasados, excepto por los seis meses anteriores a la demanda, y eso en caso de que el alimentario haya tenido que contraer deudas para vivir”, lo que limita significativamente la recuperación de pagos atrasados.
El incumplimiento de las pensiones alimenticias ha sido históricamente un problema recurrente en Honduras. Cada año, los juzgados de familia reciben entre 1,200 y 1,300 demandas relacionadas con alimentos, de acuerdo con reportes del Juzgado de Familia de Tegucigalpa.
Investigaciones periodísticas publicadas en años anteriores por LA PRENSA evidenciaron que miles de procesos terminan empantanados en los tribunales. En muchos casos, las madres abandonan los trámites por falta de recursos o porque los padres evaden el pago al cambiar de domicilio o trabajar en la informalidad.
Ante esa realidad, el Poder Judicial ha planteado mecanismos como la creación de un registro de deudores alimentarios morosos para presionar a quienes incumplen con esta obligación.
Aunque los datos citados en esos reportes no son recientes, reflejan una problemática persistente en el país: para muchas familias hondureñas, lograr que un padre cumpla con la pensión alimenticia sigue siendo una batalla larga, judicializada y, con frecuencia, frustrante.
