Una mesa técnica liderada por el Poder Judicial de Honduras ha desarrollado un proyecto de Reglamento del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Este proyecto, socializado con diversas instituciones, está a la espera de la inminente aprobación por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para entrar en vigencia en el año 2024.
El Reglamento tiene como objetivo regular el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por el Decreto Legislativo No. 51-2016 como parte de la reforma a la Ley Especial para una Maternidad y Paternidad Responsable (MAPA).
Su propósito, describe el informe, es garantizar que las obligaciones alimentarias hacia los menores de edad sean cumplidas de manera efectiva, proporcionando un servicio judicial seguro, ágil y de calidad.
Entre las sanciones estipuladas en el proyecto se encuentran medidas como la inhabilitación para adquirir o renovar licencias de conducir, pasaportes y tarjetas de crédito.
Estas medidas se aplicarían a aquellos considerados deudores morosos, es decir, aquellos que incumplen con el pago de tres cuotas alimentarias continuas a favor de sus hijos, o cinco cuotas alternadas, obligatorias tras una sentencia firme u otras resoluciones homologadas.
La coordinadora de los Juzgados de Familia, Ana Cardona, subrayó la preocupación existente, destacando que hasta la fecha se han cerrado más de 1,000 demandas de alimentos en el año.
Estas demandas no solo involucran la provisión de alimentos, sino que también abarcan una variedad de derechos fundamentales para el menor, como educación, salud, recreación y vivienda.
El proyecto se concibe como una especie de “central de riesgos”, donde aquellos incluidos en el registro no podrán solicitar servicios como créditos, renovación de licencias de conducir, entre otros, sin antes presentar un Certificado Libre de Deuda Alimentaria.
Este certificado será emitido una vez se haya cancelado la totalidad de la deuda alimentaria en mora, demostrando así el cumplimiento de las obligaciones.
Las instituciones, tanto públicas como privadas, tendrán la obligación de requerir este certificado como requisito previo para ciertos trámites, y la falta de cumplimiento conllevará a la nulidad de los mismos, con posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales para las entidades incumplidoras.
La diputada Fátima Mena explicó que el presupuesto para la implementación del Registro de Deudores ya está contemplado dentro del Poder Judicial, y la sostenibilidad del mismo se financiará con el dinero recaudado del pago para la emisión del Certificado Libre de Deuda, cuyo valor será asignado por el Poder Judicial una vez se apruebe el reglamento.
