El Congreso Nacional impulsa agenda con una serie de reformas en materia de seguridad que incluyen cambios al Código Penal y al Código Procesal Penal, con el objetivo de aumentar sanciones y agilizar procesos judiciales vinculados a la extorsión y al crimen organizado.
Según lo expuesto por el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, las iniciativas responden a denuncias de distintos sectores económicos que reportan cobros ilegales por parte de grupos criminales, así como a la expansión de este delito hacia zonas donde antes no era recurrente.
Las reformas planteadas incluyen el aumento de penas por el delito de extorsión, la reducción de tiempos procesales y la incorporación de mecanismos que permitan a las autoridades actuar con mayor rapidez en las investigaciones criminales.
Debate: Reformas penales y coordinación operativa
Además de los cambios legales, se ha mencionado la creación de una Agencia Nacional contra el Crimen, concebida como una instancia de coordinación entre entidades de seguridad, inteligencia e investigación para planificar operativos en áreas con mayores índices de violencia.
Dentro de las acciones operativas propuestas también figura el fortalecimiento de la coordinación entre la Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas de Honduras, especialmente en barrios y colonias considerados de alta peligrosidad.
Otro de los puntos que formaría parte de la discusión legislativa es la autorización para que el Poder Ejecutivo gestione financiamiento destinado a la construcción de nuevos centros penitenciarios, ante la sobrepoblación que enfrentan actualmente las cárceles del país.
Durante sus declaraciones, Zambrano también hizo referencia a las citaciones realizadas por el Ministerio Público de Honduras a exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso anterior, señalando que cualquier funcionario público puede ser investigado conforme a la ley.
El presidente del Congreso confirmó que estas reformas en materia de seguridad serán discutidas en sesión pública y expresó que se espera el respaldo de las distintas bancadas legislativas para su eventual aprobación.
