TEGUCIGALPA
La comisionada nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, denunció ante instancias internacionales que el estado de excepción en Honduras “se ha desnaturalizado”, al ser prorrogado en más de veinte ocasiones desde diciembre de 2022, muchas de ellas sin cumplir los procesos constitucionales.
Durante las presesiones del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas afirmó que la medida, concebida para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia común, “no es idónea” y ha derivado en graves violaciones de derechos fundamentales.
“Se han reportado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, abusos sexuales y allanamientos sin garantías básicas. Como institución nacional de derechos humanos hemos rechazado el estado de excepción porque carece de idoneidad y es violatorio de derechos humanos”, expresó Izaguirre.
En su contribución escrita al IV Ciclo del EPU, el Conadeh documenta más de 1,000 denuncias relacionadas con abusos cometidos desde la implementación de la medida; entre ellas, detenciones arbitrarias, tortura, robo de pertenencias, destrucción de propiedad privada y violencia sexual.
El informe detalla que incluso el Ministerio Público ha procesado a siete oficiales de la Policía Nacional, ocho agentes de la DPI y 11 de la Dipampco por delitos como tortura, privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y allanamiento de morada.
El Conadeh advierte que la prolongada suspensión de garantías constitucionales compromete la responsabilidad internacional del Estado y debilita la democracia, especialmente en un año electoral.
En ese contexto recomendó al Poder Ejecutivo abstenerse de seguir prorrogando el estado de excepción; al Congreso Nacional, ejercer control legislativo sobre los decretos, y a la Corte Suprema de Justicia revisar de oficio la legalidad de las prórrogas.
Finalmente, la institución instó al Estado a cesar la medida y adoptar una política de seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos y género.
