Tegucigalpa, Honduras. La Procuraduría General de la República (PGR) informó este lunes que Honduras obtuvo una decisión favorable en un arbitraje internacional promovido por la empresa mexicana JLL Capital, por el que el Estado no deberá pagar los 460 millones de dólares que reclamaba la compañía.
En un comunicado, la PGR detalló que el pasado 30 de septiembre, el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitió un laudo favorable a la República de Honduras en el arbitraje ARB/23/3.
Honduras obtiene decisión favorable ante el CIADI: el Estado NO deberá pagar los US$ 460 millones reclamados. #PGR #Honduras #CIADI #Soberanía #EstadoDeDerecho #Legalidad https://t.co/c8aOa1yacR
— PGR Honduras (@PGRHonduras) October 12, 2026
La controversia surgió luego de que JLL Capital alegara que, a raíz de un proceso judicial en Honduras relacionado con su subsidiaria CA Capital, el Estado había expropiado su inversión y le había denegado justicia. Según la empresa, "estas actuaciones habrían violado el Tratado de Libre Comercio entre México y Centroamérica".
Sin embargo, al resolver las objeciones a la jurisdicción presentadas por la PGR en representación del Estado hondureño, el tribunal determinó, por mayoría, que no tenía competencia para conocer la controversia.
De acuerdo con el comunicado de la Procuraduría, la decisión se fundamentó en que el caso estaba relacionado con medidas en materia de servicios financieros, las cuales están excluidas del capítulo de protección de inversiones del tratado invocado.
Asimismo, el tribunal rechazó la petición subsidiaria de la empresa demandante, que solicitaba que se declarara la competencia del órgano arbitral con base en el Tratado de Libre Comercio entre México y el Triángulo del Norte.
Como consecuencia del fallo, Honduras no deberá pagar los 460 millones de dólares reclamados por JLL Capital, una suma que estaba en el centro de la disputa internacional.
La PGR destacó que la resolución representa una decisión favorable para el Estado hondureño, al desestimar la competencia del tribunal para conocer la controversia planteada por la empresa mexicana.
