Tocoa, Colón. Una comitiva de alto nivel integrada por miembros del Consejo de Mecanismo de Protección de Derechos Humanos, conformado por fiscales del Ministerio Público, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tuvo una reunión clave en la ciudad de Tocoa con dirigentes de la Plataforma Agraria para atender la crisis de inseguridad y la conflictividad territorial que afecta a las comunidades del Bajo Aguán.
El encuentro tuvo como eje central la vulnerabilidad que enfrentan los defensores de la tierra en la zona y la búsqueda de soluciones integrales que garanticen el respeto a sus vidas y el acceso a la justicia.
"Estamos escuchando el planteamiento de lo que sucede y ver qué salida se le puede encontrar para procurar que haya una situación armónica de respeto a la individualidad de cada miembro de la Plataforma Agraria, para que puedan desarrollar sus funciones con respeto a su integridad", afirmó Mario Díaz, magistrado del Poder Judicial.
Díaz reconoció la complejidad del contexto agrario en el departamento de Colón y enfatizó la necesidad de abordar las peticiones con objetividad.
"Estamos tratando de resolver los asuntos con toda responsabilidad, viendo cuáles son los intereses de cada una de las partes, el planteamiento en que se fundamentan para presentar sus peticiones y, sobre esa base, tratar de ser imparciales", agregó el funcionario.
Desalojos e integridad garantizada
Respecto a los procedimientos de desalojo contemplados por la vía legal en la región, el magistrado precisó las condiciones bajo las cuales deben ejecutarse. "Está en la mesa, pero debe hacerse cuando se haya presentado la prueba suficiente y se garantice que ese desalojo no será de una manera violenta y no va a afectar el derecho a la tierra de la persona que la reclama como propia", aseveró.
Por su parte, el abogado Marcio Cabañas, en representación del Ministerio Público, destacó la voluntad institucional de dar seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado.
"El Mecanismo de Protección de Derechos Humanos ha tomado a bien escuchar a los miembros de la Plataforma Agraria para llegar a acuerdos y traerles respuestas que ellos nos han pedido como Estado. Es para fortalecer y conocer las debilidades y problemas que tienen para apoyarlos", manifestó Cabañas.
Exigen garantías del Estado
Desde la dirigencia campesina, Yoni Rivas, presidente de la Plataforma Agraria, enfatizó que el rol del Estado no solo debe ser reactivo, sino preventivo e integral en materia de protección.
"Estamos aquí para conocer que se haga el cumplimiento que tiene el Estado en garantizar las medidas de protección que debe tener la Plataforma Agraria: antes, durante y después, que el Estado está obligado a respetar", declaró Rivas.
Tensión previa por orden de desalojo
La reunión se desarrolló en un ambiente de alta expectación, previo al desalojo programado para este miércoles 14 de octubre contra el grupo Los Cachos, quienes mantienen ocupada la finca Camarones, un predio reclamado por las familias aglutinadas en la Plataforma Agraria.
Las autoridades buscan que este y otros procesos pendientes se ejecuten bajo un marco estricto de respeto a los derechos humanos para evitar nuevos episodios de violencia en la convulsa región del Bajo Aguán.
