Tegucigalpa
“La Procuraduría General de la República y la Secretaría de Finanzas asumimos la decisión de no entregar ni un tan solo lempira de la caja única del tesoro para el pago a los corruptos que están acostumbrados a asaltar al Estado utilizando el Poder Judicial”, sentenció el procurador de la república, Manuel Díaz Galeas.
En una resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia, el Estado de Honduras fue sentenciado a pagar L2,600 millones a la empresa estadounidense DRC Inc.
Después del huracán Mitch, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), a través del Fhis, financió parte de la reconstrucción del país por los daños dejados por ese fenómeno tropical.
Usaid, mediante una licitación internacional, adjudicó los trabajos a DRC Inc y esta a su vez subcontrató a la compañía hondureña Nacional de Ingenieros S.A (Nainsa), acción que no era permitida por el Gobierno de Estados Unidos.
En 2007, la empresa DRC Inc sometió a Honduras a un arbitraje por los daños y perjuicios ocasionados al suspender el contrato, y en 2009 se dictó resolución o laudo internacional, condenando al Estado a pagar la descomunal suma de dinero.
Desde aquel momento, las acciones estuvieron detenidas y nuevamente, retomando el arbitraje de 2009, la demanda se reactivó y se deberá pagar la suma millonaria. Galeas reiteró que no pagarán nada.
