El juzgado de lo penal de La Ceiba, Atlántida, dictó este viernes un sobreseimiento definitivo al exalcalde ceibeño Carlos Aguilar Ponce y a Osmán Vélez Galindo, exjefe de Tributación.
Carlos Aguilar era acusado por el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad y fraude, y Vélez, por fraude en perjuicio de la administración pública del Estado de Honduras.
La acusación obedecía a un canje que la Municipalidad otorgó a una empresa hotelera de La Ceiba, ya que la comuna dejó de percibir casi un millón de lempiras en concepto de impuestos.
En una audiencia en enero de 2023, un juez ceibeño había dictado medidas distintas a detención judicial en beneficio de los dos imputados, lo que significa que se defenderán en libertad.
El caso
Antecedentes del caso De acuerdo a la investigación de la ATIC, el edil (2014-2018) contraviniendo sus funciones y disposiciones presupuestarias, en un claro conflicto de intereses -al también ser presidente honorario del Vida-, suscribió con el hotel Partenón Beach en nombre de la municipalidad la contratación de servicios de hospedaje y demás gastos en los que pudiera incurrir el entonces director técnico del referido equipo de fútbol, Carlos Alberto Pavón Plumer.
Los gastos ascendieron entre diciembre de 2016 y marzo de 2017 a casi un millón de lempiras (L.946,603.54). Según el acuerdo de crédito abierto que se había pactado, la alcaldía ceibeña asumió el crédito como “canje de impuestos municipales”, contrariando Aguilar Ponce su deber específico de hacer efectivo el cobro de los tributos y con un esquema inexistente en la Ley de Municipalidades.
Fue así que, el 17 de julio de 2017, Osman Ricardo Vélez Galindo, vocal del Vida y además jefe de tributación municipal en La Ceiba (periodo 2017), extendió “nota de compensación” a favor del hotel Partenón Beach por casi un millón de lempiras, sin que se adjuntara documentación soporte de los supuestos gastos de Pavón Plumer, comprobándose, mediante auditorías forenses, que dichos montos carecían de veracidad, lográndose establecer que la facturación era inferior al medio millón de lempiras (L415,906.40), lo que causó una doble afectación a las arcas municipales.
