El gobierno de Honduras declaró en las últimas horas un estado de emergencia por 45 días en cinco departamentos del país, mediante el Decreto Ejecutivo PCM 29-2025. La medida pone especial atención en el Distrito Central, debido a los daños ocasionados por las recientes lluvias.
El decreto ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, al autorizar la contratación directa de bienes y servicios para varias secretarías de Estado, lo que permite omitir los procesos de licitación y control que exige la Ley de Contratación del Estado.
La medida incluye a los departamentos de Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Lempira, donde se reportan afectaciones en carreteras, viviendas y sistemas de agua.
Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión busca acelerar las acciones de reconstrucción y atención de emergencias, la medida se da en un contexto de alta tensión electoral, lo que ha despertado cuestionamientos sobre el posible uso discrecional de fondos públicos.
La Ley de Contratación del Estado contempla la excepcionalidad que permite evadir los procedimientos de licitación y concurso únicamente para atender necesidades inmediatas derivadas de un estado de emergencia.
El Decreto PCM 29-2025 autoriza de forma explícita a la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) para realizar contratación directa.
Además, instruye a las demás instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) a operar bajo la misma modalidad, siempre y cuando cuenten con instrucción directa de Copeco.
Este amplio margen de acción abre múltiples frentes para la ejecución de contratos millonarios, desde la compra de suministros hasta la realización de obras de infraestructura.
Las instituciones que utilicen la modalidad de contratación directa deberán presentar un informe ante la Secretaría de Transparencia y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El decreto también establece que los contratos suscritos al amparo de esta disposición estarán sujetos a los procesos de aprobación y auditoría previstos por la ley, y deben ser notificados al TSC.
Firmado por la presidenta de la República y sus secretarios de Estado, el decreto contempla además la gestión de asistencia humanitaria y financiera ante países cooperantes y organismos internacionales, así como la movilización de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas. Esta gestión de fondos, tanto nacionales como externos, debe someterse al más estricto control de fiscalización desde el primer día.
Cuestionan que el decreto no especifique el presupuesto
El analista político y docente universitario Lester Ramírez advirtió que el decreto de emergencia emitido por el gobierno hondureño presenta importantes vacíos en materia de transparencia, control y rendición de cuentas.
Ramírez señaló que uno de los aspectos más relevantes del documento es el artículo 5, que otorga al Ejecutivo la facultad de gestionar cooperación y asistencia financiera internacional para atender la emergencia.
“Lo que buscan es que los organismos internacionales aporten más fondos, pero difícilmente lo harán si no existen condiciones claras de transparencia y buen manejo”, advirtió.
También cuestionó que el decreto no especifique el presupuesto asignado ni la distribución de los recursos.
El Gobierno aún no ha especificado los montos ni los proyectos que se financiarán bajo el estado de emergencia, lo que genera inquietud ciudadana sobre la transparencia en el uso de fondos públicos durante la campaña electoral.
