Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), se pronunció en las últimas horas sobre el anunciado retorno del expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras.
Castellanos manifestó que el expresidente Hernández tiene derecho a retornar a Honduras como cualquier ciudadano; no obstante, indicó que será el Ministerio Público la institución encargada de definir si existen elementos legales para emprender acciones en su contra.
Hernández tiene programado regresar al país el próximo 26 de julio, a las 9:00 de la mañana, luego de que en 2024 fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y, en diciembre de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump le otorgó un indulto.
Castellanos recordó que el CNA presentó una denuncia contra el exgobernante por una supuesta red de corrupción vinculada a su administración, investigación en la que la organización recopiló documentación y entregó los hallazgos a las autoridades correspondientes.
La titular del CNA explicó que la información obtenida durante las investigaciones fue presentada inicialmente en Washington y posteriormente remitida al Ministerio Público para que esta institución pudiese darle seguimiento.
“Nosotros denunciamos al expresidente Hernández mediante un mecanismo de investigación sobre una red de corrupción. Entregamos toda la información del gobierno del expresidente Juan Orlando al Ministerio Público; por ende, será la Fiscalía la responsable de darle continuidad a nuestras investigaciones y presentar un requerimiento fiscal si así lo puede justificar”, subrayó Castellanos.
La funcionaria señaló que cualquier decisión sobre un eventual proceso judicial contra Hernández no corresponde al CNA, sino exclusivamente al Ministerio Público, que deberá analizar las pruebas y determinar si estas sustentan una acción penal.
Asimismo, reiteró que el retorno del exmandatario al territorio hondureño está amparado por su condición de ciudadano hondureño y que no existe impedimento para su ingreso al país.
Sin embargo, enfatizó que, si la Fiscalía encuentra elementos suficientes, será esa institución la que deberá proceder conforme a la ley y determinar las acciones legales que correspondan.
Castellanos agregó que el papel del CNA fue realizar las investigaciones y presentar la información recopilada, mientras que la responsabilidad de continuar con los procesos y tomar decisiones jurídicas recae en las autoridades competentes.
Imputado en el caso Pandora II
Hernández regresará a Honduras después de que un juez hondureño suspendió provisionalmente la orden de captura y la alerta roja internacional contra él, tras admitir su solicitud de presentación voluntaria en un caso por el presunto desvío de recursos estatales para financiar una campaña política en 2013, según informó el Poder Judicial.
Hernández es imputado por presunto fraude y lavado de activos en un caso conocido como Pandora II, que investiga el presunto desvío de recursos estatales para la campaña política de 2013 y que también involucra al expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), exdiputados, empresarios y particulares.
Según las investigaciones del Ministerio Público (Fiscalía), los acusados conformaron entre 2010 y 2013 una red de corrupción que facilitó el desembolso de más de 288 millones de lempiras (unos 10,8 millones de dólares) a favor de dos fundaciones.
Tras conocerse la resolución, Hernández anunció en sus redes sociales que regresará a Honduras dentro del plazo fijado por el juez y reiteró que comparecerá voluntariamente ante la justicia. La declaración de imputado fue programada para el próximo lunes 3 de agosto de 2026.
Condenado por narcotráfico y luego indultado por Trump
Hernández quedó en libertad el 1 de diciembre de 2025, luego de que Trump le concediera un indulto el 28 de noviembre, cuando cumplía una condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
