Tegucigalpa. A menos de un año de finalizar su mandato, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobaron el plan estratégico del Poder Judicial para el período 2022-2026.
El plan gira en torno a cinco ejes principales: estructura orgánica eficiente, personal calificado y motivado, gestión judicial eficaz, comunicación con la ciudadanía y uso de nuevas tecnologías.
De ellos surgen 82 acciones, con las que se pretende fortalecer el acceso a la justicia, la transparencia, la participación ciudadana, entre otros aspectos del Poder Judicial, indica el documento.
Datos
2,789 ingresos de casos se recibieron en las Salas de la Corte Suprema de Justicia durante 2021. De esos, se emitieron 2,367 resoluciones.
41,702 es la actual mora judicial que tiene el Poder judicial, la cifra bajó un 77.46% respecto a 2016, cuando se registraban más de 185,000 expedientes en mora.
Algunas de las metas que establece el plan son impulsar la aprobación e implementación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y la nueva Ley de la Carrera Judicial, actualizar y dinamizar la ejecución del Plan de Erradicación de la Mora Judicial, desarrollar un plan para la creación de juzgados especializados por materia donde se requiera, diseñar e implementar el programa Defensa Pública Móvil: promover el desarrollo de acciones de veeduría social, el intercambio de información y uso de servicios judiciales, elaborar e implementar una política de seguridad informática, entre otras más.
Aunque el plan responde a las expectativas de las actuales autoridades de ese Poder del Estado, serán los nuevos magistrados que se integren en enero a la Corte quienes decidan si dan continuidad a los lineamientos establecidos en el documento o los modifican.
A criterio del analista Raúl Pineda, el plan del Poder Judicial no es más que un instrumento técnico que se aleja de la realidad y que normalmente no se pone en práctica; además, es “extemporáneo”, pues los magistrados ya están por finalizar su período. “Tal vez, la próxima Corte pueda darle alguna utilidad”, comentó.
Plan estratégico
Según el plan, entre los desafíos que enfrenta el Poder Judicial para cumplir su misión están la transparencia, la participación ciudadana, la asignación presupuestaria, el talento humano y el uso de tecnologías.
Desafío
Los nuevos magistrados del Poder Judicial que conformarán el pleno de la Corte a partir de enero de 2023 deberán trabajar para fortalecer la transparencia, la independencia y el acceso a una justicia eficiente, coincidieron expertos entrevistados por LA PRENSA.
Pineda indicó que más allá de seguir un plan estratégico con diferentes ejes, el Poder Judicial se debe orientar a tres grandes transformaciones: la ética, la independencia y la administración de justicia eficiente.
Agregó que “en la medida que no se tengan buenos jueces, de nada servirán las buenas leyes, ya que la falta de cultura jurídica y la autoestima que deben tener los jueces al sentir un profundo orgullo, por eso que llaman honrar la toga, en eso no se está generando un ambiente de seguridad jurídica”.
Puntualizó en que se debe trabajar fuertemente en la independencia de Poder, pues los funcionarios de la Corte Suprema surgen para cumplir los intereses de grupos de poder, generalmente de grupos políticos.
“Cuando esto sucede se comenten arbitrariedades y actos de corrupción, algunos problemas no se abordan... Mientras eso se mantenga así, el Poder Judicial va a seguir siendo la cenicienta del Gobierno”, enfatizó.
Intereses
El coordinador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Mario Díaz, señaló que las autoridades que lleguen pueden modificar el plan si consideran que no responde a sus expectativas, aunque opinó que el plan no está fuera de orden, en el sentido de que la Corte debe concluir con su trabajo hasta ser reemplazado por las nuevas autoridades.
El abogado coincidió con Pineda en que el gran desafío de los magistrados será realizar su trabajo de manera independiente e imparcial.
“Históricamente hemos sabido que las Cortes debido a la forma que son electas responden a los intereses políticos y económicos. Entonces, el gran reto es actuar con imparcialidad, con independencia, viendo únicamente los intereses de las personas que someten sus causas al conocimiento de las diferentes instancias del Poder Judicial”.
“También es un reto que haya mayor transparencia, mayor publicidad y veeduría social de parte de la sociedad civil y de la población, que es la que sufre los embates de una justicia que no responde a los intereses que ellos consideran que deben ser beneficiados con una justicia pronta, efectiva e imparcial y sobre todo con rendición de cuentas”, señaló el abogado.
