Tegucigalpa, Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó al Ministerio Público una línea de investigación por supuestos actos irregulares del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).
Gabriela Castellanos, directora del CNA, informó ayer que con las investigaciones se pudo comprobar la sobrevaloración de dos terrenos ubicados en Brisas de El Picacho, Tegucigalpa, y es por ello que denunciaron y señalaron en el Ministerio Público a tres funcionarios actuales y un exgerente general de la empresa estatal.
“La compra de estos terrenos la justificaron porque tenían que construir una planta de generación de energía hidroeléctrica, en su momento el Sanaa contrató a una empresa para valorarlos, los cuales están sobrevalorados, pero no bastó ahí, sino que sobrevaloraron mucho más el bien al adquirirlo”, aseveró Castellanos.
Según las investigaciones, la compra efectuada entre los años 2013 y 2014 se hizo de manera directa sin apegarse a los procesos de la Ley de Contratación del Estado.
“Estamos señalando a tres funcionarios públicos y un exgerente por los delitos de fraude en contra de la administración pública, también por el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. Hay una sobrevaloración por más de L 3,000,000”, manifestó la abogada Castellanos.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó al Ministerio Público una línea de investigación por supuestos actos irregulares del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa).
Gabriela Castellanos, directora del CNA, informó ayer que con las investigaciones se pudo comprobar la sobrevaloración de dos terrenos ubicados en Brisas de El Picacho, Tegucigalpa, y es por ello que denunciaron y señalaron en el Ministerio Público a tres funcionarios actuales y un exgerente general de la empresa estatal.
“La compra de estos terrenos la justificaron porque tenían que construir una planta de generación de energía hidroeléctrica, en su momento el Sanaa contrató a una empresa para valorarlos, los cuales están sobrevalorados, pero no bastó ahí, sino que sobrevaloraron mucho más el bien al adquirirlo”, aseveró Castellanos.
Según las investigaciones, la compra efectuada entre los años 2013 y 2014 se hizo de manera directa sin apegarse a los procesos de la Ley de Contratación del Estado.
“Estamos señalando a tres funcionarios públicos y un exgerente por los delitos de fraude en contra de la administración pública, también por el delito de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. Hay una sobrevaloración por más de L 3,000,000”, manifestó la abogada Castellanos.
