Tras la lectura este jueves del juez Paul Gardephe, en la que condenó a 30 años de cárcel al exdiputado y capo hondureño Fredy Renán Nájera (46), surgieron detalles del juicio y las pruebas presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
Además de endosarle severas multas que ascienden a diez millones de dólares, además de ordenar la confiscación de sus bienes, que se acercan a los 40 millones de dólares, la Fiscalía reveló los nexos que generó Nájera aprovechándose, describieron, de su posición política en Honduras.
Incluso, se lee en el comunicado oficial de la Fiscalía, firmado por Damian Williams, fiscal al mando del Distrito Sur de Nueva York, Nájera vinculó a funcionarios hondureños con el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones delictivas más prolíficas del mundo, para extender su brazo criminal en Honduras.
Comunicado íntegro del Departamento de Justicia de Estados Unidos
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que FREDY RENAN NAJERA MONTOYA fue sentenciado a 30 años de prisión por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante el transcurso de ese conspiración. NAJERA previamente se declaró culpable ante el juez federal de distrito Paul G. Gardephe, quien sentenció a Nájera hoy.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Fredy Nájera, un excongresista hondureño, abusó de su posición de alto poder al operar una organización de tráfico de narcóticos a gran escala que importaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Nájera supervisó la construcción de aeródromos en Honduras y el uso de tácticas y armamento al estilo de las milicias para proteger los envíos ilícitos. Nájera ahora ha sido sentenciado a 30 años en una prisión federal de EE. UU. por su conducta en relación con la importación de más de 30 toneladas de cocaína, que continúa contribuyendo al devastador ciclo de adicción y abuso que afecta a tantos estadounidenses”.
De acuerdo con la Acusación de reemplazo, otras presentaciones judiciales y declaraciones hechas durante otros procedimientos judiciales:
Desde aproximadamente 2008 hasta 2015, NAJERA abusó de su posición como congresista hondureño para liderar actividades de narcotráfico violentas y a gran escala en la misma parte de Honduras que representaba en su cargo de gobierno. Los delitos de NAJERA involucraron la distribución de más de 30 toneladas de cocaína, que finalmente fue importada a los Estados Unidos. En relación con estas actividades, NAJERA usó y empleó equipos de seguridad que usaron armas de grado militar, incluidas ametralladoras y lanzagranadas propulsadas por cohetes.
Durante ese mismo período, NAJERA construyó, mantuvo y dotó de personal a pistas de aterrizaje clandestinas en Olancho, Honduras, que se utilizaron para recibir envíos de varios cientos de kilogramos de cocaína enviados desde Venezuela a Honduras. NAJERA facilitó la recepción de aviones y helicópteros cargados de cocaína en sus pistas de aterrizaje y coordinó el transporte de la cocaína hacia el oeste de Honduras para que pudiera ser importada a los Estados Unidos. Personal de seguridad fuertemente armado empleado por NAJERA participó en la recepción y transporte de estos envíos. NAJERA también cultivó relaciones delictivas con miembros de la Policía Nacional de Honduras y el ejército hondureño para apoyar sus actividades de narcotráfico mediante la obtención de información confidencial de las fuerzas del orden que utilizan los traficantes para evitar arrestos y planificar rutas de transporte de la cocaína con destino a los Estados Unidos.
En 2012, NAJERA presentó a los miembros del Cartel de Sinaloa a los funcionarios hondureños, quienes les brindaron acceso casi ilimitado a un importante centro de transporte comercial en Puerto Cortés, Honduras. El Cartel de Sinaloa se basó en las conexiones de NAJERA para transportar aproximadamente 10 toneladas de cocaína a través de Puerto Cortés.
Además de su sentencia de prisión, NAJERA, de 46 años, de Honduras, fue sentenciado a cinco libertades supervisadas, se le ordenó confiscar $39,000,000 y pagar una multa de $10,000,000.
El Sr. Williams elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la Administración para el Control de Drogas (“DEA”), la Fuerza de Ataque de Nueva York y la Oficina de País de la DEA en Tegucigalpa, así como la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. .
Este enjuiciamiento es parte de una operación de las Fuerzas de Tareas de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (“OCDETF”). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por inteligencia. Se puede encontrar información adicional sobre el Programa OCDETF en https://www.justice.gov/OCDETF.
Este caso está a cargo de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Jacob H. Gutwillig, Michael D. Lockard, Jason A. Richman y Elinor L. Tarlow están a cargo de la acusación.
