Tegucigalpa
Con la mayoría de diputados de las diferentes fuerzas políticas y diversos sectores en contra, el Congreso Nacional inició ayer con la primera etapa de socialización de la cuestionada Ley de Justicia Tributaria impulsada desde el Gobierno central.
La comisión especial nombrada por el Congreso desde hace más de dos semanas tras la llegada de la iniciativa desarrolló ayer audiencias públicas con el Foro Social de la Deuda externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) y con el Colegio Hondureño de Economistas (CHE).
Durante la comparecencia, los delegados de ambas instituciones entregaron a la comisión un documento con 12 observaciones y sugerencias para estructurar el dictamen de la Ley Tributaria.
En su intervención, el director del Fosdeh, Mauricio Díaz Burdett, reconoció que es importante abordar las exoneraciones y franquicias, pero de forma gradual.
“Nosotros no estamos planteando que se afecte al sector empresarial, sino más bien que pueda ser robustecido, y cuando hablamos de robustecido es empezar a eliminar algunas cosas que han tenido un manejo inapropiado, y muchas veces lo que tiene que ver con las exoneraciones ha sido mal manejado”, declaró.
Amparo Canales, la presidenta del CHE, expuso una serie de observaciones donde figuraron las consultas sobre el impacto que la ley traerá a los ingresos proyectados en los próximos años, concentrándose únicamente en la captación de ingreso al Estado.
“Se requiere un plan concreto que especifique qué rubros o programas de gasto se van a destinar estos recursos”, dijo Canales al hacer referencia al aumento de captación de ingresos estatales.
