La Asociación de Fiscales de Honduras expresó este martes su expectativa de que el juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, tenga repercusiones positivas para el funcionamiento del Ministerio Público (MP), en medio de un proceso impulsado por el Congreso Nacional de Honduras.
El presidente del gremio, Randy Roberto Estrada, manifestó que la organización otorga un voto de confianza al Congreso para que conduzca el proceso de manera adecuada y conforme a la ley, subrayando la importancia de garantizar la institucionalidad.
Estrada señaló que la situación que derivó en el juicio político “era un secreto a voces” dentro del Ministerio Público, ya que desde hace más de un año se comentaba en los pasillos la posibilidad de un proceso de esta naturaleza. “Era algo que se veía venir”, expresó.
En ese sentido, recordó que la elección del fiscal general corresponde al Congreso Nacional, por lo que también es este órgano el que tiene la facultad de aplicar la figura del juicio político en caso de considerarlo necesario.
Admisión del proceso en el Congreso
El titular de la Asociación de Fiscales destacó que el Congreso Nacional admitió el lunes, con 93 votos, una denuncia presentada por cuatro diputados para someter a Zelaya a juicio político, decisión que incluyó su suspensión del cargo y que marca un momento clave para la institucionalidad del país.
No obstante, advirtió que dentro del MP existe preocupación por las posibles consecuencias del proceso, especialmente en una institución que, según afirmó, ha enfrentado debilidades estructurales durante años.
Debilidades y alcance del Ministerio Público
Estrada enfatizó que el Ministerio Público ha librado una lucha constante por mejorar su presupuesto y capacidades operativas, al tiempo que lo calificó como una institución históricamente debilitada.
Explicó que el ente acusador abarca áreas fundamentales para la persecución penal, como la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Medicina Forense, además de su estructura administrativa y los 776 fiscales distribuidos a nivel nacional.
“Cuando hablamos del Ministerio Público, hablamos de la materialización de la persecución penal en Honduras”, sostuvo.
Llamado a fortalecer la institución
Desde la Asociación de Fiscales también se expresó inquietud sobre el impacto que el juicio político podría tener en el trabajo diario de los agentes de tribunales, particularmente en un contexto marcado por condiciones precarias.
Sin embargo, Estrada consideró que el proceso podría convertirse en una oportunidad para generar cambios positivos dentro de la institución.
“Ojalá que el juicio político logre tener buenas repercusiones y que eso se vea reflejado en la práctica del trabajo que realizamos los fiscales”, indicó.
Finalmente, reiteró que el gremio mantendrá su voto de confianza en el Congreso Nacional, con la expectativa de que las decisiones adoptadas contribuyan al fortalecimiento del Ministerio Público y, en consecuencia, del sistema de justicia hondureño.
