Tegucigalpa, Honduras.

Los expolicías Óscar Mauricio Avilez y José Yamil Avilez negaron estar involucrados en el asesinato del fiscal de privación de Dominio Orlan Chávez, y en el atentado contra el asesor técnico de la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional Jorge Machado, y pidieron que se aclare su situación por el daño que eso ha causado a su imagen y la de su familia.

Ambos son mencionados en un informe de la Inspectoría General que se encuentra en poder de la Comisión Depuradora de supuestamente haber participado en el crimen contra el “fiscal de oro”, sin embargo, estos desmintieron esa información y negaron tajantemente cualquier vinculación en ese crimen.

De hecho, presentaron un documento de la Inspectoría General de la Policía firmado por su actual director Elvis Javier Cantarero Ventura, en el que se indica que tal informe no se encuentra en los archivos de la institución.

“Se realizó una búsqueda minuciosa en la base de datos digital y en físico en el departamento de archivo de esta Inspectoría General, encontrando la siguiente información en relación con el inspector Óscar Mauricio Avilez: no se encuentra registrada denuncia alguna”, cita el documento entregado por Cantarero Ventura.

El exinspector Óscar Mauricio Avilez, quien fue cancelado el pasado mes de diciembre por la Comisión de Depuración, dijo que esa información ha causado un grave perjuicio a él y su familia y ahora temen por su seguridad. “La difusión de esa noticia no tiene sustento ni fuente que sostenga su origen y conculca mi dignidad personal y la propia imagen, asimismo se vulneraron derechos fundamentales como ser la presunción de inocencia”, acotó en un escrito.

El exoficial recordó que en julio pasado los depuradores de la Policía determinaron ratificarlo en la estructura organizacional de la institución como inspector de policía y luego fue considerado en la lista de los 291 oficiales propuestos para ascenso al grado inmediato superior. Sin embargo, inexplicablemente el 15 de diciembre pasado fue separado del cargo, sin que se le diera las explicaciones del caso.

En defensa de su derecho ha acudido al Ministerio Público, comisionado de derechos humanos y otras instancias internacionales para denunciar su situación y que “cesen los abusos que afectan mi dignidad”. Su apoderado legal, Marvin Antonio Castro, ratificó que hay un documento oficial que dice que no hay denuncia alguna contra ellos.