Tegucigalpa
La llamada Ley de Justicia Tributaria impulsada por el Gobierno busca lapidar la condonación de obligaciones tributarias y las exoneraciones fiscales, mediante reformas a dos artículos constitucionales.
Así lo han dejado claro los sectores económicos y los mismos diputados del Congreso Nacional que dan un rotundo rechazo al proyecto de decreto en cuyo paquete de reformas remitido al CN el pasado miércoles, se contempla además el cambio de redacción de los artículos 339 y 351 de la Constitución de la República vigentes desde hace más de 40 años.
La normativa promovida por el Gobierno agrega en uno de sus párrafos de reforma al artículo 339 la prohibición: “A la condonación de las obligaciones tributarias materiales”.
En tanto, en el artículo 351 de ser aprobada su reforma suprimirá el principio de proporcionalidad, agregando en su lugar el precepto de progresividad, el cual le pondrá fin a las exoneraciones fiscales, las cuales únicamente podrán crearse bajo el amparo de las leyes de carácter general o especiales por un plazo de diez años, pudiendo ser prorrogadas por el mismo tiempo solo en casos de emergencia por medio de una orden de la presidencia.
¿Es viable su aprobación?
Desde la óptica de analistas económicos consultados, de ser aprobada esta normativa, el modelo tributario del país sufriría un cambio sustancial y hasta radical, además de un fuerte impacto al costo de vida.
“El sistema tributario sí lo vendría a cambiar, recuerde que ahorita estamos en un sistema que le llamamos regresivo porque los de clase baja son los que pagan los impuestos directos, la tercera parte la cancela la clase alta. Con este nuevo paquete, lo que se busca es que sea más progresivo en la medida que las personas o empresas reciban más ingresos entonces pagan más impuestos”, explicó la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Liliana Castillo.
Además, recordó que en el primer año que se implemente la polémica ley, con la eliminación de las exoneraciones habrá un aumento de esos productos como comida, energía y todo servicio. “O sea que debemos estar conscientes que va tener un impacto en el ingreso de los hogares”, dijo.
El también extitular de la CHE, Luis Guifarro, aseguró que la economía hondureña se pone en un riesgo de competitividad con respecto a las demás economías. “No somos competitivos a nivel de área al impulsar esta ley se estaría creando un desincentivo para la inversión privada”.
Guifarro enfatizó que “yo diría que así como está la ley y también por las reformas constitucionales, no resulta conveniente que sea aprobada porque generaría más malestar”.
Desde el Legislativo
Las bancadas de oposición han hecho pública y clara su posición en contra de aprobar la iniciativa impulsada del Poder Ejecutivo. En ese sentido, al necesitar votación de mayoría calificada, sectores de la sociedad avizoran que la normativa correrá la misma suerte de otras leyes y quedará engavetada.
