A entrada de la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria al Congreso Nacional, directiva del Legislativo nombró una comisión multipartidaria para dictaminar el proyecto de decreto impulsado por el Poder Ejecutivo.
La comisión multipartidaria será presidida por el diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino.
Asimismo, fue integrada por los diputados Silvia Ayala, Ligia Ramos, Ramón Barrios, Samuel García, Jorge Zelaya, Karen Martínez y Mario Segura.
Durante la sesión de este miércoles, Luis Redondo anunció que la comisión multipartidaria iniciará sus labores a partir de mañana donde se establecerá un calendario de socialización de la polémica normativa.
La iniciativa será consensuada con las diferentes fuerzas políticas a lo interno del Congreso a fin de lograr conseguir los votos necesarios para su aprobación ante el rechazo de la mayoría de diputados, además de los sectores económicos del país organizados y no organizados.
La polémica ley deberá lograr los acuerdos necesarios para poder ser aprobada en una votación diferenciada, debido a que dentro de la normativa se contempla la reforma de varios artículos Constitucionales los cuales requieren como mínimo 86 votos a favor.
El Gobierno de Honduras envió este miércoles al Parlamento el proyecto de la polémica Ley de Justicia Tributaria que busca mejorar la distribución de la carga fiscal, la que rechaza el sector privado, informó una fuente oficial.
La iniciativa fue enviada por el ministro de la Presidencia de Honduras, Rodolfo Pastor, al primer secretario del Parlamento, Carlos Zelaya, tras ser aprobada en el Consejo de Ministros, que encabeza la presidenta del país, Xiomara Castro.
La propuesta es rechazada por varios sectores de Honduras, entre ellos la empresa privada, por considerarla “malintencionada” y que profundizará “más” la difícil situación de los pobres en el país, lo que rechaza el Gobierno.
El director del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), la principal cúpula patronal, Armando Urtecho, dijo este miércoles a periodistas que la Ley de Justicia Tributaria eliminaría el secreto bancario.
