El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) advirtió este martes que el proyecto de Ley de Justicia Tributaria aprobado la madrugada del lunes por el Poder Ejecutivo, extinguirá miles de empleo en el país y además provocará el desmoronamiento de la economía nacional.
Alejandro Kafati fue el encargado de darle lectura al comunicado que establece seis puntos, entre los que destacan la incertidumbre, la erosión de la confianza y la negativa del gobierno para establecer un diálogo porque “un grupo de funcionarios considera a la empresa privada como enemigo y no como aliado”.
A su vez, dijo que el proyecto no fue ampliamente socializado y que por el contrario han sido múltiples los ataques contra la empresa privada.
El Cohep también instó a los congresistas a “no ceder ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo, y a actuar con integridad y valentía en representación de sus electores”.
Finalmente, el sector empresarial también alertó que el mecanismo tributario que se enviará al Congreso Nacional para su aprobación, condicionará el acceso a la canasta básica y volverá a Honduras un país mucho más pobre.
¿Qué es la Ley de Justicia Tributaria?
Se avecina una etapa de cabildeo en el Poder Legislativo donde el Partido Libertad y Refundación (Libre) deberá buscar los votos para aprobar la ley, que en estos momentos no ha sido bien recibida por el Partido Nacional y Liberal, mucho menos por la empresa privada.
Desde eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes, creando dos nuevos orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, son parte de los alcances del instrumento jurídico promovido por el Poder Ejecutivo.
De las Zonas Libres (Zoli), Régimen de Importación Temporal (RIT), call center, energía renovable, energía térmica, agroindustrial, fomento al turismo, transporte terrestre, Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) se les derogará los beneficios fiscales que gozan en la actualidad.
A impuestos específicos se otorgarán los dos nuevos regímenes, denominados Zonas Francas e Incentivos para las Inversiones del Desarrollo (Rinde), por un período máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
