De inoportuna tilda el Partido Liberal la Ley Tributaria

El Poder Ejecutivo remitió ayer al Congreso Nacional la Ley de Justicia Tributaria, cuyo anteproyecto de decreto terminó recibiendo una serie de cambios en comparación al documento original creado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR).Una las tantas modificaciones enmarca la duración de los beneficios tributarios en los dos nuevos regímenes fiscales: Régimen de Incentivos a la Inversión para el Desarrollo (Rinde) y Régimen de Zonas Francas.

El documento contiene 76 páginas y en el artículo 4 establece que podrán adherirse al régimen Rinde las personas naturales o jurídicas que generen nuevas inversiones y se enmarquen en la política de inversiones contenida en la presente ley.

Los incentivos tributarios del régimen Rinde abarcarán diez períodos fiscales una vez se inicien las operaciones mercantiles, pudiendo ser prorrogables por diez años en casos de emergencia ordenados por el Estado por medio de la Presidencia de la República.

El beneficio en este régimen consistirá en deducciones sobre la base imponible del impuesto sobre la renta (ISR), aportación solidaria y activo neto explicado en tres incisos del artículo 5; además de la no simultaneidad ni arrastre de créditos explicados en el sexto artículo.

Se crea también el Régimen de Zonas Francas, administradas por la Administración Aduanera de Honduras (AAH), que abarcará las empresas dedicadas a la manipulación, procesamiento, manufactura, producción, reparación, mantenimiento de bienes y la prestación de servicios destinados a la exportación o reexportación que realicen nuevas inversiones.

“Las zonas francas son áreas del territorio nacional bajo vigilancia fiscal, físicamente delimitadas y sin población residente. Estas áreas se situarán en el exterior del territorio aduanero nacional, y estarán sujetas a un control aduanero especial”, cita el artículo 9.

Los beneficios tributarios también serán de diez años y prorrogables otros diez años en casos de emergencia; las exoneraciones estarán en el impuesto sobre la renta y sus impuestos conexos sobre las utilidades, impuesto sobre ventas y exoneración de pago de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares y otros.

El capítulo II establece la derogatoria de al menos 14 regímenes fiscales, mismos en los que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estuvo en absoluto desacuerdo.

“Se viene el cierre de empresas y falta de crecimiento, ya que no habrá inversión, ahora se están queriendo ir los empresarios que son los que invierten y generan empleo”, aseguró Luis Larach, expresidente del Cohep.

Es así como el gobierno plasma a partir del artículo 15 la derogación de los beneficios fiscales o incentivos brindados en contratos o cláusulas de estabilidad, bonificaciones, deducciones, liberaciones tributarias o aduaneras y, en general, todos los beneficios preferentes previstos por la normativa tributaria y aduanera.

Además, se derogan otras ocho disposiciones legales plasmadas en el artículo 16 y culminará la licitación para la adquisición, administración, distribución y comercialización de los marchamos o precintos aduaneros.

Las organizaciones no gubernamentales deberán someterse a un dictamen técnico para calificar que sus actividades sean con finalidad de lucro o no, solo así accederán a beneficios fiscales, reza el nuevo marco legal.

Asimismo, se realizará una liquidación técnica, administrativa y financiera de la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas (SAPP) y el Consejo Nacional de Inversiones (CNI).

La Ley de Justicia Tributaria contiene reformas al Código Tributario, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto sobre Ventas y hasta la Constitución de la República en sus artículos 339 y 351.

Si logra reformarse la Carta Magna, el artículo 339 quedaría así: Se prohíben los monopolios, monopsonios, oligopolios, la condonación de las obligaciones tributarias materiales salvo por causas de fuerza mayor, acaparamientos y prácticas similares en la actividad industrial y mercantil.

En tanto, al artículo 351 se le quitaría el principio de proporcionalidad para agregar el principio de progresividad.

Uno de los temas sensibles incluidos en el proyecto de ley que recibió el visto bueno del Poder Ejecutivo y que será debatida en el Congreso Nacional, es la revelación del secreto bancario.

Esto significa que el Estado podrá conocer con lujo de detalles cuánto guardan en sus cuentas bancarias desde el más pequeño empresario hasta los de mayor capital.

“Yo creo que nadie se ha puesto a leerlo detenidamente; se habla sobre el secreto bancario. ¿Para qué quieren una liberalización de la información por parte de los funcionarios administrativos? Para que caiga en manos de las maras y extorsionen a todo el que tiene billete”, exteriorizó Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.

De darse esta situación, Urtecho aseveró que “es necesario que todos los ciudadanos vean que va a estar en riesgo sus propios fondos, que van a estar allí en manos de cualquier político inescrupuloso que llegue a las oficinas públicas”.

Con todo lo que engloba esta nueva norma, el dirigente empresarial señaló que actualmente la clase política del país solo habla de corrupción y de la pasada “narcodictadura”, pero que no se quiere ver cuál es el trasfondo de esa ley.

Al consultarle si la Ley de Justicia Tributaria que pretende aprobarse tiene tintes políticos e ideológicos, Urtecho respondió: “Sí, aunque lo nieguen. Así es”.

Los diputados de la bancada del Partido Liberal se manifiestan en contra de la Ley Tributaria y la consideran como inoportuna ante la situación de las pérdidas de empleos y la economía actual del país.

“Los diputados no tenemos conocimiento de esa ley que ha llegado al Congreso Nacional, sin embargo, el borrador de la Ley de Justicia Tributaria que circuló lo hemos estudiado y no consideramos oportuno el apoyo en vista que va en detrimento de los empleos y la economía”, establecieron los congresistas en un documento firmado en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por los 22 parlamentarios.

Los liberales exhortaron al oficialismo a asumir el rol de legisladores para buscar el beneficio del pueblo y dejar a un lado los ataques a su bancada. Exigieron a la directiva del Congreso impulsar una agenda que busque resolver los problemas de país.

Tegucigalpa. La presidenta Xiomara Castro se refirió ayer a la Ley de Justicia Tributaria durante la 62 asamblea de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y aseveró que la mayoría de la población está a favor de la propuesta.

“No existe un solo hondureño que no esté de acuerdo con lo que nosotros estamos haciendo al querer lograr justicia tributaria en el país”. Castro consideró que esta normativa es una de las más importantes del país en los últimos años porque busca equidad en la sociedad.

“Es la ley más importante de este siglo en materia de equidad para el desarrollo de Honduras, especialmente para los grupos más vulnerables de nuestro país porque con esta ley pondremos fin a la corrupción y a los abusos en los sistemas de exoneraciones en las alianzas público privadas”.

La mandataria precisó que “nada me detiene en trabajar y vencer a los que se oponen a los cambios y a aquellos que se oponen a la refundación de nuestro país”.

Tegucigalpa. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, confirmó ayer que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria deberá ser sometida a votaciones y discusiones diferenciadas y no como un solo paquete, debido a que dentro de la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo se contemplan reformas constitucionales.

El anteproyecto ingresado ayer a la secretaría del Congreso Nacional será sometido a una fase de socialización posterior a ser turnado a una comisión de dictamen con las diferentes fuerzas políticas a lo interno del Legislativo y con los sectores económicos.

“En realidad no es un solo proyecto, hay una Ley de Justicia Tributaria que es lo que más se conoce, que eso lo que se requiere es mayoría simple, luego hay una serie de reformas constitucionales que requieren 86 votos, mayoría calificada”, explicó el vicepresidente Hugo Noé Pino.

Agregó: “Luego hay una ley de admisión a un tratado internacional, que es mayoría simple y una ley que se denomina el usuario final, que es una ley de transparencia, son cuatro proyectos tengo entendido, no he visto lo que ha llegado al Congreso porque eso fue lo que anunciaron; tres de los cuatro requieren mayoría simple y las reformas constitucionales mayoría calificada”.

El documento enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso se contempla dentro del paquete de reformas cambiar la redacción de los artículos 339 y 351 de la Constitución aprobados en 1982.En la reforma al numeral 339 de la Constitución de la República, en la iniciativa impulsada por el gobierno se implementará la prohibición: “A la condonación de las obligaciones tributarias materiales salvo por causas de fuerza mayor, acaparamientos y prácticas similares en la actividad industrial y mercantil”.

Mientras que en el artículo 351 de ser aprobada su reforma, se adicionará las prohibiciones siguientes: “A las exoneraciones fiscales únicamente podrán crearse al amparo de leyes de carácter general o especial de naturaleza tributaria o aduanera por un plazo máximo de diez años, pudiendo ser prorrogable por diez años más en casos de emergencia ordenado por el Estado por medio de la Presidencia de la República, y de forma decreciente y parcial”.

Asimismo, en el artículo 351 “se prohíbe el otorgamiento de exoneraciones o beneficios fiscales a personas jurídicas o naturales específicas en todas las actividades económicas”.Para la aprobación de ambas reformas constitucionales, se deberá lograr al menos 86 votos a favor.

Anoche, el Poder Legislativo designó a una comisión de dictamen de la cuestionada legislación, la que fue integrada por los diputados Silvia Ayala, Ligia Ramos, Ramón Barrios, Samuel García, Jorge Zelaya, Karen Martínez y Mario Segura.