Tras nueve extensos días de juicio, el jurado federal de la Corte del Sur de Florida declaró culpable este lunes a Carl Zaglin, empresario estadounidense y exdirector ejecutivo de la empresa Atlanco, acusado de corrupción y lavado de activos vinculados a funcionarios e instituciones públicas hondureñas.
La batalla entre la Fiscalía y la defensa de Zaglin llegó a su fin. Un jurado federal lo declaró culpable de diseñar un esquema de sobornos a funcionarios hondureños para apropiarse de más de 10 millones de dólares en contratos con el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional.
El caso reveló cómo los fondos destinados a la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras fueron desviados en beneficio de dicha red de corrupción.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó más de 700 pruebas documentales y materiales, con el objetivo de demostrar ante las autoridades judiciales el panorama de corrupción, malversaciones financieras y conexiones políticas que vinculaban a Zaglin.
El esquema de corrupción de Zaglin, según la fiscalía
Pero los testimonios presentados contra el acusado fueron la clave que abrió el panorama para el jurado. Entre las evidencias más relevantes se expusieron conversaciones en las que los involucrados discutían abiertamente el pago de sobornos, incluyendo imágenes en tono de burla en las que aparecía una taza llena de dólares etiquetada como “Tazón de Seguridad”, junto a otra taza vacía nombrada “Resultados”.
También se presentaron diagramas que ilustraban el flujo del dinero ilegal a través de una estructura tipo “cascada”, donde los fondos eran distribuidos entre policías, militares, empresarios y altos funcionarios hondureños.
Entre las evidencias destacaron fotografías de reuniones con Julián Pacheco, Francisco Cosenza, Jaime Nativí y Aldo Marchena; conversaciones extraídas de teléfonos móviles; correos electrónicos entre empresarios y funcionarios, así como contratos y facturas millonarias de las empresas Atlanco, Achieve y la Tasa de Seguridad (TASA).
Según documentos judiciales, entre marzo de 2015 y noviembre de 2019, Zaglin, Aldo Néstor Marchena, residente en Boca Ratón, Florida, y otros sospechosos bajo investigación acordaron sobornar a varios funcionarios del gobierno hondureño, entre ellos a Francisco Cosenza, para obtener contratos con la Tasa de Seguridad por más de 10 millones de dólares.
Implicados y testigos clave durante el juicio
Entre los implicados que ya han admitido su responsabilidad se encuentran Francisco Cosenza y Juan Ramón Molina, exdirectivos del fideicomiso de la Tasa de Seguridad. Ambos colaboraron con las autoridades estadounidenses y aportaron información clave para sostener el caso.
También fue señalado Luis Berkman, vicepresidente de ventas internacionales de Atlanco, quien habría recibido parte de los fondos desviados. Asimismo, el banquero Aldo Néstor Marchena fue identificado como intermediario financiero del esquema. Estos últimos fueron parte fundamental de los testimonios de la Fiscalía.
En sus argumentos finales, la Fiscalía estadounidense identificó a otros exfuncionarios hondureños como cómplices directos, entre ellos Julián Pacheco Tinoco, exministro de Seguridad, y Jaime Nativí, entonces vinculado al manejo del fideicomiso.
Todos ellos habrían participado activamente en la adjudicación irregular de contratos a cambio de beneficios económicos personales. Según los fiscales, las investigaciones continúan y podrían derivar en nuevos cargos contra otros funcionarios y empresarios.
La defensa, por su parte, alegó que las pruebas presentadas no eran suficientes y, aunque planteó su estrategia a favor de Zaglin, la fila de evidencias de la Fiscalía pesó más durante el juicio.
