El Ministerio Público puso en marcha este viernes la Operación Némesis IV e investiga el uso y manejo de millonarios contratos de fideicomisos que entre los años 2016 y 2019 ejecutó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) con otras entidades gubernamentales.
La denuncia en poder de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) refiere a un posible desvío de recursos en diferentes programas de inversión, entre ellos, para la administración de tierras, la reparación de la red vial primaria, secundaria y terciaria, la ejecución de unidades productivas de bienes incautados, el sistema de registro vehicular y placas y hasta de fondos provenientes de multas y licencias de conducir, siendo el centro de la investigación si estos se destinaron a fines distintos.
De momento, la información recabada ya se obtuvo de Banadesa para su análisis y pericia, sin perjuicio que otras diligencias requeridas se desarrollen en otras instituciones ante posibles delitos de violación a deberes de funcionarios, fraude y malversación de caudales públicos.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública judicializó un caso en contra de un exempleado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), al tiempo que, en atención a una denuncia se procederá a inspeccionar la Municipalidad de La Ceiba, a efecto de ejecutar auto de investigación, decomiso de documentación en los departamentos de tesorería, secretaría, contabilidad, tributación y departamento legal, por la emisión de permisos de operación presuntamente falsificados.
En Némesis IV, además, la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en la ciudad de Tegucigalpa, investiga denuncias por presuntos actos de intimidación en perjuicio de operadores de justicia, efectuando dos decomisos y dos inspecciones en las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
También se desarrollará una jornada de sensibilización referente al tema de libertad de expresión, con periodistas y comunicadores sociales capitalinos en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Paralelamente, en San Pedro Sula se investigan casos de amenazas a fiscales, realizando cinco inspecciones en diversos puntos. Este despacho fiscal también hará diligencias por delitos de coacción, limitación o impedimento de determinados derechos fundamentales y abuso de autoridad en perjuicio de miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentará requerimiento fiscal por delitos relacionados con torturas y violación de los deberes de los funcionarios, a la vez se desarrollarán inspecciones en las comunidades garífunas de Bajamar y Sarawaina en conjunto con personal técnico de la Fiscalía del Ambiente.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer finalmente interpondrá alrededor de 40 acusaciones por violencia por razones de género. En tanto, las demás fiscalías especiales, regionales y locales, módulos y unidades especializadas del Ministerio Público, junto a la Atic y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (Dlcn), con apoyo de dependencias policiales, militares y administrativas, harán operativos, allanamientos, ejecución de órdenes de captura, detenciones infraganti, decomisos e incautaciones, entre otras acciones para reprimir y prevenir el delito.
