Una fuerte polémica ha surgido luego de que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, anunciara que el Gobierno está considerando usar dinero del Estado para compensar a las personas que perdieron sus ahorros en la estafa de la empresa Koriun.
Durante una sesión legislativa el miércoles 14 de mayo, Redondo dijo que “la presidenta de la República, Xiomara Castro, ha instruido para que las personas afectadas con pérdida de dinero por esta mecánica puedan recuperar su dinero con fondos públicos”.
Además, adelantó que se está trabajando en reformas al Código Penal para evitar fraudes como este en el futuro.
La propuesta no tardó en generar fuertes críticas. Una de las voces más duras fue la del exministro de Transparencia, Edmundo Orellana, quien advirtió que esta medida sería ilegal. “Si la presidenta Castro le paga a los socios de Koriun con dinero del Estado, está cometiendo un delito”, afirmó.
Orellana también alertó sobre el precedente peligroso que esto podría sentar, ya que abriría la puerta a que otros afectados por fraudes privados reclamen indemnizaciones similares. “No puede existir un trato selectivo”, subrayó.
Además, cuestionó el origen de algunos fondos depositados en Koriun, señalando que varios inversionistas manejaban grandes cantidades de dinero sin que se investigara su procedencia.
También culpó a instituciones como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a ciertos bancos y al Ministerio Público por no actuar a tiempo ante señales claras de irregularidades.
Orellana recordó que los recursos del Estado provienen de los impuestos de la ciudadanía y deberían usarse para resolver problemas urgentes, como el desabastecimiento de medicinas, los equipos médicos dañados y los retrasos en el pago de salarios en los hospitales públicos.
