San Pedro Sula, Cortés
Una inversión de 25 millones de dólares para ampliar la terminal de graneles de Puerto Cortés está detenida por falta de voluntad política.
Desde 2013, la terminal de graneles de Puerto Cortés es administrada por la empresa mexicana Grupo Logra a través de una concesión de 20 años. Según contrato, el objetivo es potenciar la competitividad del país y consolidar a Puerto Cortés como puerto líder en el manejo de carga a granel en Centroamérica.
Sin embargo, desde hace tres años y medio, el operador busca invertir 25 millones de dólares (unos 655.5 millones de lempiras) en la ampliación de la terminal. El plan contempla la construcción de tres silos de 10,000 toneladas métricas, la instalación de mecanizaciones de primer nivel y la ampliación de bodegas, con lo que se duplicaría la capacidad actual.
Para ejecutar el proyecto, debe contar con la aprobación del comité técnico, presidido por Christian Duarte, ministro de Finanzas. En su momento también enviaron solicitudes a Marlon Ochoa, cuando ocupaba el cargo, pero hasta la fecha no han recibido respuesta.
La falta de autorización retrasa los procesos y encarece los costos para importadores y consumidores, ya que por esta terminal pasa el 100% de las materias primas destinadas a la producción de alimentos balanceados, fertilizantes y harinas.
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Cada año se movilizan por la terminal alrededor de 1.8 millones de toneladas de granel orgánico —como arroz, maíz, trigo y harina de soya— y 450,000 toneladas de granel inorgánico, entre fertilizantes y sal.
Las importaciones han crecido en los últimos años: el arroz en granza aumentó 41 %, el maíz amarillo 25 % y la harina de soya 12 %. Con la capacidad de almacenaje reducida, los tiempos de descarga se alargan. El miércoles 17 de septiembre operaban dos barcos de granos, mientras ocho más —incluidos cuatro de fertilizantes con 16,000 toneladas métricas— permanecían en bahía. Para lo que resta de septiembre se esperan seis barcos adicionales. Las lluvias han reducido las operaciones diarias a entre 6 y 8 horas.
Los agroindustriales han enviado cartas a la Secretaría de Finanzas, solicitando que convoque al comité técnico en su rol de presidente y como titular del consejo administrativo de la Empresa Nacional Portuaria, pero no han tenido respuesta. Desde 2022 hasta 2025 han remitido 12 oficios sin éxito.
De no concretarse la inversión, los importadores seguirán pagando sobrecostos por demora. Solo en lo que va del año han desembolsado 3.5 millones de dólares en impuestos. Para agilizar los procesos se requiere la construcción de más silos y bodegas, además de la incorporación de básculas.
“Ya llevamos todo este gobierno sin hacer mejoras en la terminal, pero no es culpa del operador, es culpa de la burocracia gubernamental”, aseveró uno de los agroindustriales.
En estos meses, la importación de materias primas aumenta considerablemente por la temporada navideña, cuando crece el consumo. Esto podría llevar al colapso de la terminal por la alta demanda y la limitada capacidad de almacenaje.
Karim Qubain, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), declaró a LA PRENSA que desde hace meses han planteado al Gobierno la urgencia de ampliar la terminal de graneles.
“La empresa mexicana que tiene la concesión ya tiene listos los fondos para invertir 25 millones de dólares y lograr una terminal suficiente, sin atrasos ni pérdidas por lluvias. Contamos con la cooperación del doctor Carlos Bueso, gerente de la portuaria, pero la junta directiva no ha logrado sesionar para definir esto”, expresó Qubain.
Adolfo Becerril, director ejecutivo de la Asociación Hondureña de Compañías y Representantes Navieros (Ahcorena), opinó que es indispensable ampliar la terminal porque la capacidad de los silos ya no se ajusta al volumen de carga.
“En esta temporada se importa mayor cantidad de productos y se ven limitados en capacidad. Mientras no se hagan nuevas inversiones, esto seguirá sucediendo”, dijo Becerril a LA PRENSA.
El representante de navieros insistió en la necesidad de que se concreten inversiones tanto en los puertos estatales como en los concesionados.
