Tegucigalpa, Honduras.
El Ministerio Público recibió ayer una denuncia en contra de las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por la supuesta compra irregular de dos vehículos.
La denuncia fue presentada a título personal por el abogado Marlon Duarte, quien en los últimos meses se ha desempeñado como defensor de la familia Rosenthal.
Duarte aseguró que el CNA adquirió dos vehículos blindados con un precio superior a los tres millones de lempiras, y la adquisición se hizo “de manera directa”, es decir, sin licitación. “En este caso no está ni facultada para hacer compras directas, lo que tenían que hacer era una licitación pública para la compra de estos vehículos, si en un dado caso estaban presupuestados en las partidas que maneja el CNA”, explicó.
“Tenemos conocimiento de pleno derecho que se cometieron delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios y el delito de fraude”, detalló Duarte.
El togado aclaró que la acusación se presentó en contra de la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, y el jefe de la Unidad de Investigación, Odir Fernández.
Acusó también a las autoridades de este organismo de sociedad civil de no rendir cuentas sobre los fondos que esta institución recibe del Gobierno.
“El CNA es un organismo y se maneja a través del reglamento del CNA y deben rendir cuentas”, denunció.
Se abordó a las autoridades de esta entidad sobre las acusaciones, pero el jefe de la Unidad de Investigación dijo que este día responderán los cuestionamientos.
El Ministerio Público recibió ayer una denuncia en contra de las autoridades del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) por la supuesta compra irregular de dos vehículos.
La denuncia fue presentada a título personal por el abogado Marlon Duarte, quien en los últimos meses se ha desempeñado como defensor de la familia Rosenthal.
Duarte aseguró que el CNA adquirió dos vehículos blindados con un precio superior a los tres millones de lempiras, y la adquisición se hizo “de manera directa”, es decir, sin licitación. “En este caso no está ni facultada para hacer compras directas, lo que tenían que hacer era una licitación pública para la compra de estos vehículos, si en un dado caso estaban presupuestados en las partidas que maneja el CNA”, explicó.
“Tenemos conocimiento de pleno derecho que se cometieron delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y violación a los deberes de los funcionarios y el delito de fraude”, detalló Duarte.
El togado aclaró que la acusación se presentó en contra de la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, y el jefe de la Unidad de Investigación, Odir Fernández.
Acusó también a las autoridades de este organismo de sociedad civil de no rendir cuentas sobre los fondos que esta institución recibe del Gobierno.
“El CNA es un organismo y se maneja a través del reglamento del CNA y deben rendir cuentas”, denunció.
Se abordó a las autoridades de esta entidad sobre las acusaciones, pero el jefe de la Unidad de Investigación dijo que este día responderán los cuestionamientos.
