Tegucigalpa, Honduras
Una denuncia por la falta de documentos que respalden la ejecución y liquidación de más de 6,000 millones de lempiras destinados al Bono Tecnológico Productivo (BTP) durante la administración de la expresidenta Xiomara Castro ya se encuentra en manos del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) informó que las presuntas irregularidades fueron identificadas durante una revisión interna realizada por las nuevas autoridades, en la que también se detectaron anomalías relacionadas con el manejo de vehículos y otros bienes asignados a la institución.
Cabe recordar, que el Bono Tecnológico Productivo otorgado en el gobierno de Xiomara Castro consistía en la entrega gratuita de un paquete agrícola destinado a cubrir la siembra de una manzana de tierra.
El beneficio incluía semillas mejoradas de maíz, frijol, arroz o sorgo, fertilizantes como urea y otras fórmulas, además de un kit fitosanitario con insumos para prevenir y controlar plagas y enfermedades. El programa también contempla asistencia técnica y capacitación para que los productores mejoren el rendimiento de sus cultivos.
Moisés Abraham Molina, titular de la SAG, explicó que uno de los principales hallazgos fue la inexistencia de documentación que permita establecer cómo fueron liquidados los recursos ejecutados por medio del programa de apoyo a los productores agrícolas.
“Durante cuatro años no se realizó ninguna liquidación. No encontramos evidencia documental que respalde cómo se ejecutaron más de 6,000 millones de lempiras destinados a este programa”, declaró Molina.
De acuerdo con el funcionario, la institución tampoco encontró un registro consolidado que permita identificar a las personas que recibieron semillas, fertilizantes y otros insumos entregados mediante el Bono Tecnológico.
La falta de esos expedientes impide comprobar si los recursos llegaron a los productores que cumplían con los requisitos y si las entregas se realizaron conforme a los procedimientos establecidos.
“No hay información que nos indique a quiénes se les entregaron esos bonos”, manifestó el ministro.
Molina aclaró que la denuncia presentada ante los organismos contralores y de investigación no constituye una acusación directa contra funcionarios o empleados específicos.
Explicó que corresponderá al Ministerio Público y al TSC determinar si los hechos generan responsabilidades administrativas, civiles o penales.
Antes de remitir el caso, las nuevas autoridades mantuvieron hasta la semana pasada en sus puestos a empleados que estuvieron vinculados con la administración del programa, con el propósito de que completaran la documentación y los procesos de liquidación pendientes.
Sin embargo, ante la falta de resultados y de información que justificara el uso de los fondos, el personal fue separado de la institución, indicó el funcionario.
Auditoría en marcha
El Tribunal Superior de Cuentas confirmó que desarrolla una auditoría financiera en la SAG que abarca el período comprendido entre el 27 de enero de 2022 y el 26 de enero de 2026.
Rodolfo Isaula, portavoz del ente contralor, explicó que la fiscalización forma parte del Plan Operativo Anual del TSC y tiene como objetivo revisar de manera integral la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a la institución.
La comisión auditora fue instalada en la SAG a inicios de este año y, además de examinar la administración general de los recursos, incorporó a su trabajo la denuncia relacionada con la falta de liquidación del Bono Tecnológico Productivo.
El proceso podría extenderse durante más de un año debido a la cantidad de recursos involucrados, el volumen de documentación que deberá revisarse y la necesidad de verificar las entregas realizadas en diferentes regiones del país, señaló Molina.
Las investigaciones también deberán establecer si los beneficiarios registrados cumplían con los requisitos para recibir los insumos y si existieron mecanismos adecuados para controlar su distribución.
Dulio Medina, representante de los productores de granos básicos, aseguró que durante la administración anterior observó anomalías en la selección de las personas favorecidas con el programa.
“Fui testigo de que daban el bono a personas que no eran productoras”, afirmó Medina ante medios de comunicación.
Según su denuncia, algunas personas que recibían los paquetes posteriormente vendían los insumos a agricultores que sí se dedicaban a la producción, lo que habría desnaturalizado el objetivo del programa gubernamental.
Vehículos desaparecidos y desmantelados
La revisión interna también reveló presuntas irregularidades en el manejo de la flota vehicular de la SAG.
Molina informó que varias unidades asignadas a la institución no fueron localizadas inicialmente. Algunas fueron encontradas posteriormente en talleres mecánicos privados y en condiciones de abandono.
El ministro agregó que más de 80 vehículos ingresaron al taller interno de la SAG durante la administración anterior para ser reparados por fallas menores, pero actualmente se encuentran en condiciones precarias y sin piezas esenciales para su funcionamiento.
“Fueron prácticamente desmantelados; les faltan repuestos importantes y desconocemos el destino de esas partes”, denunció el funcionario.
Las autoridades realizan un inventario para determinar cuántos vehículos pueden recuperarse, cuáles deben ser declarados como pérdida y quiénes tenían asignadas las unidades antes de que fueran llevadas a los talleres.
La SAG también instruyó, como integrante de la junta directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), una investigación sobre posibles irregularidades en la concesión y recuperación de créditos.
Las pesquisas incluyen casos de productores que presuntamente dejaron de pagar los financiamientos pese a haber obtenido ingresos por la comercialización de sus cosechas.
Las denuncias deberán ser documentadas y analizadas por las autoridades competentes, que establecerán si la falta de liquidaciones, los cuestionamientos sobre los beneficiarios, el manejo de los vehículos y las operaciones crediticias provocaron perjuicios económicos al Estado.
