La Procuraduría General de la República (PGR) presentó este lunes 17 de noviembre una demanda ante los Juzgados de lo Civil en contra de quienes participaron en la destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional y en la designación de sus reemplazos, vinculados a la aprobación de la reelección del expresidente Juan Orlando Hernández.
Según el informe preliminar, la PGR interpuso una acción de repetición por un monto aproximado de 54 millones de lempiras, dirigida a los diputados del Congreso Nacional correspondientes al periodo 2010-2014. En las últimas horas se filtró la imagen de un documento oficial que incluye más de 30 nombres de diputados de ese período.
En 2012, los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, fueron separados de sus cargos como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, tras declarar inconstitucionales las iniciativas del gobierno de Porfirio Lobo Sosa, como las "ciudades modelo", y la "Ley de depuración policial", lo que provocó presiones y hostigamientos en su contra.
El Congreso creó una comisión para investigar su conducta, emitió un informe, y horas después, los destituyó. Posteriormente, los magistrados denunciaron hostigamiento y atentados en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) refirió en 2024 que Honduras es responsable internacional por la “destitución arbitraria e ilegal”.
Por su parte, el Estado reconoció su responsabilidad. “El Estado de Honduras reconoce su responsabilidad y ratifica su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones convencionales derivadas del Pacto de San José, la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos”, manifestó en su momento el procurador general de Honduras, Manuel Antonio Díaz, en el acto.
