San Pedro Sula. La División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (Daet) se pronunció este miércoles en respuesta al comunicado del Ministerio Público (MP), que confirmó que interpondrá un recurso de apelación contra el sobreseimiento definitivo dictado a favor de tres de sus agentes.
La institución policial defendió la legalidad del fallo judicial y cuestionó la forma en que se realizó la investigación fiscal. La portavoz de la Daet en San Pedro Sula, sobre los fundamentos del fallo, indicó: “La institución aclaró que, al momento de ejecutarse la intervención fiscal, los agentes implicados se encontraban de vacaciones”.
La portavoz enfatizó la situación logística: “El allanamiento, como lo ha mencionado el Poder Judicial, se realizó fuera de horario, ya que se dio a conocer alrededor de las 7 de la noche que se estaba ejecutando este allanamiento sin la presencia de funcionarios policiales, ya que los fiscales que se encontraban realizando el mismo solicitaron que no fueran alertadas las autoridades de la Daet aquí en la zona regional de San Pedro Sula y ellos realizaron una inspección”.
La Daet también reveló que las investigaciones sobre el caso continuarán: “En ese sentido, se va a realizar también una investigación para determinar de qué manera llegó esta supuesta droga hasta estos puntos donde fue localizada, tanto por elementos de la Policía Militar como de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, ya que no hubo el acompañamiento por parte de funcionarios de la Daet al momento de realizar esta inspección. Se está analizando precisamente solicitar una investigación en contra de los fiscales que solicitaron este allanamiento, ya que recordemos que para solicitar un allanamiento esto lleva meses o semanas por parte de los diferentes cuerpos de seguridad y los fiscales presentaron esta orden y en cuestión de horas estaba autorizada por un juez”.
Hoy, en horas de la mañana, el Ministerio Público manifestó su informidad con los argumentos presentados por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción. La controversia principal radica en la decisión del juez de declarar nulo el allanamiento ejecutado en una vivienda utilizada como casa de seguridad y excluir la evidencia decomisada.
El MP sostiene firmemente que la inspección fue autorizada por un juez competente y ejecutada dentro del horario permitido por la ley, por lo que acudirá a una instancia superior para que revise la fundamentación jurídica de la causa.
En la audiencia inicial se presentaron un total de 24 medios de prueba, incluyendo los dictámenes periciales practicados a la droga decomisada y la declaración de tres testigos.
Agentes señalados
Los agentes favorecidos con la resolución judicial son Ángel Daniel Rodríguez Fuentes, Franklin Ismael Gómez Bautista y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes habían sido imputados por el delito de tráfico ilícito de drogas agravado y, en el caso de uno de ellos, por tenencia de munición prohibida.
Las investigaciones del caso se remontan al pasado 19 de octubre de 2026, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en un inmueble situado en el bulevar Mackey de San Pedro Sula, presuntamente empleado como centro de acopio de drogas.
Durante la inspección en la residencia, los equipos de investigación decomisaron 114 bolsitas de marihuana, 65 envoltorios de cocaína y cantidades no especificadas de piedra (crack). Además, cargadores para armas de fuego y municiones de diversos calibres.
En la audiencia inicial se presentaron un total de 24 medios de prueba, incluyendo los dictámenes periciales practicados a la droga decomisada y la declaración de tres testigos.
