La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó este lunes el ingreso de un requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra Isis Cuéllar, diputada del Partido Libre en Copán, y otras 11 personas, a quienes se les acusa del delito de fraude.
El Poder Judicial de Honduras informó que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ya designó a un juez de Letras Natural para conocer el nuevo requerimiento fiscal.
De acuerdo con la acusación, las investigaciones señalan una posible participación en el delito de fraude, derivado de actos que habrían afectado las finanzas nacionales.
De acuerdo con el documento presentado por el Ministerio Público, se establece que se presenta requerimiento fiscal por fraude millonario cometido por una diputada del Congreso Nacional de Honduras, así como contra un exsecretario de Estado en los Despachos de Desarrollo Social, además de varios funcionarios de esa institución.
El requerimiento también involucra al gerente administrativo por delegación, al director de monitoreo programático, a un representante de la gerencia administrativa, a un representante de la subgerencia de presupuestos y a un representante de la Dirección de Monitoreo Programático, todos ellos funcionarios de Sedesol.
Según la acusación, estas personas, en contubernio, habrían defraudado las arcas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Social (Sedesol) por un monto de 6,032,654 lempiras con 07 centavos, fondos destinados al desarrollo económico y social del departamento de Copán.
En el requerimiento fiscal se individualiza como imputadas a Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reynieri Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reynieri Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Vaquedano Mejía y Iris Paola Pérez.
El documento detalla que las personas acusadas enfrentan 67 delitos de fraude, por lo que el Ministerio Público solicita que se libren órdenes de captura a nivel nacional e internacional, así como la emisión de alertas migratorias, acompañando la respectiva documentación ante la Corte Suprema de Justicia.
Más temprano Carlos Silva, portavoz de la CSJ, explicó que el requerimiento fue presentado ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
Pleno de Magistrados de #CSJ designó este día a Juez de Letras Natural para el conocimiento de un nuevo #RequerimientoFiscal que involucra a un alto funcionario del Estado.
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 2, 2026
Según la acusación, las investigaciones determinan una posible participación en el delito de Fraude por... pic.twitter.com/QHN4ZXXPhX
Tras el ingreso del documento, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lizette Ráquel Obando, convocó de manera inmediata a un pleno de magistrados, con el objetivo exclusivo de ratificar al juez natural que conocerá el caso, conforme al rol previamente establecido.
De acuerdo con la resolución del pleno, el juez Luis Fernando Padilla fue designado para conocer el proceso y realizar las diligencias correspondientes.
Silva explicó que, debido a la naturaleza del requerimiento, el caso involucra a altos funcionarios del Estado, razón por la cual fue presentado directamente ante la Corte Suprema de Justicia.
“Una vez que el juez tenga en su poder la acusación, deberá admitir el requerimiento fiscal, conocer si existe solicitud de órdenes de captura o citaciones, y posteriormente fijar la fecha para la audiencia de declaración de imputado”, detalló el portavoz.
El funcionario precisó que será hasta la audiencia de declaración de imputado cuando se conozcan en su totalidad los hechos investigados y la individualización de responsabilidades, así como la posible existencia de otros delitos además del fraude.
Asimismo, aclaró que el pleno de magistrados fue convocado únicamente para conocer el requerimiento fiscal y descartó que se tratara de una solicitud de extradición, como había trascendido en horas de la mañana.
“Nunca se informó de manera oficial que se tratara de una orden de extradición. Lo que se confirmó es el ingreso de un requerimiento fiscal contra altos funcionarios del Estado”, enfatizó Silva.
Hasta el momento, las autoridades judiciales no han brindado mayores detalles sobre el contenido específico de la acusación ni sobre la fecha en que se desarrollará la primera audiencia del proceso.
