La falta de presupuesto para ejecutar acciones que contrarresten la delincuencia y el crimen organizado ha sido el común denominador en las exposiciones de los operadores de justicia, quienes fueron interpelados por el Congreso Nacional. Ayer el turno fue para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés.
El presidente del Poder Judicial informó los resultados sobre la aplicación de medidas sustitutivas, mora judicial, las extradiciones y el desempeño de la Inspectoría de Juzgados y Tribunales.
Rivera se quejó de la lentitud en las transferencias por la Secretaría de Finanzas que ascienden a 900 millones de lempiras. Pidió a los diputados que así con el cuidado como se hicieron reformas para permitir la extradición de nacionales, de la misma manera brinden protección a los jueces que van a abordar estos temas.
“Pedimos al Congreso que apruebe la ley de extradición que enviara como iniciativa la Corte; asimismo, que el Congreso emita un decreto que garantice la vida de magistrados que conozcan extradiciones”. Dijo que se hacen gestiones con el apoyo de titulares de otros dos Poderes del Estado para dar proteccion adecuada a miembros de la Corte y sus familiares, que conozcan solictudes de extradición.
“Ya que si bien tenemos la valentía de aplicar la ley y a extraditar a los hondureños cuya solicitud de extradición se nos presente en legal forma, también tenemos de velar por el derecho que tenemos de salvaguardar las vidas”, manifestó. “No tenemos establecido un proceso de extradición, ya está en la Constitución de la República y nos obliga a que las extradiciones que se nos presenten, se emitirán disposiciones transitorias”. Rivera no fue objeto de cuestionamientos, contrario a lo que ocurrió con los antecesores titulares de órganos operadores de justicia.
Dos extradiciones pendientes
Rivera Avilés fue consultado sobre algún listado de extradiciones pendientes. “Una de ellas es contra un ciudadano hondureño y la otra es contra un extranjero. De conformidad con el artículo 313 de la Constitución, es atribución de la Corte conocer las causas de extradición y de las demás que deban juzgarse conforme al derecho internacional”, manifestó Rivera.
Otro de los temas tratados por Rivera fue el de las medidas sustitutivas. Reveló que hay 33,397 personas que se han beneficiado con esta figura; no obstante, reconoció que muchos jueces del Poder Judicial se las han otorgado a personas que no se debía. Agregó que entre los años 2002 y 2012
hay 46,797 imputados y 13,400 casos con medidas preventivas. Ahora las medidas sustitutivas serán mejor analizadas y los jueces tendrán que justificar su uso.
“La prisión preventiva ya no es la regla general. Pueden decretarse medidas sustitutivas según la ley en caso de fuga, obstrucción de la investigación, riesgo fundado de que vuelva al grupo delictivo o que se atente o ejecute contra el acusado”, explicó Rivera.
Admitió que los jueces tienen dificultad de adaptarse al cambio del sistema inquisitivo al acusatorio. “Se acepta que algunos de nuestros juzgadores en su ejercicio discrecional e independiente, en algunas ocasiones han otorgado medidas sustitutivas que no debieron darse, este reconocimiento de nuestras falencias ha provocado la emisión de distintas modificaciones al Código Procesal Penal y decretos especiales, prohibiendo el otorgamiento de medidas sustitutivas para las personas a quien se les juzga por algunos delitos como narcotráfico, lavado de activos, asociación ilícita, secuestros, parricidio y otros delitos de gravedad”, expuso.
Mora judicial penal
Rivera Avilés explicó que la mora judicial en materia penal se establece cuando pasado un máximo de dos años y seis meses en que un procesado guarda prisión preventiva, su expediente no llega a la etapa de debate de juicio oral y público. En ese aspecto, la defensa pide la suspensión de la prisión por sustitutivas.
Afirmó que son 328 casos los que conforman la mora judicial penal, aunque la Alianza por la Paz y la Justicia asegura que son más de mil. Rivera explicó que se está presentando en los juzgados de Olancho con 80 casos, Comayagua 54, Choluteca 35, La Ceiba 31, Trujillo 22, Santa Rosa de Copán 8, Tegucigalpa 5, San Pedro Sula 18 y Talanga con 22.
“Dentro de los planes de la institución está la creación de más salas y jueces penales; pero esto cuando se nos transfiera el presupuesto”, aclaró Rivera.
Otro tema por el que dio explicaciones en el Congreso es sobre la Inspectoría de Tribunales donde se han recibido 4,018 denuncias, de las cuales 306 están en proceso de investigación.
“2,329 fueron declaradas sin mérito y 1,363 con lugar a continuar con procedimiento disciplinario. Se ha destituido a 56 personas, 11 amonestaciones verbales, 11 por escrito, 119 sanciones, 16 suspendidos y 71 absueltos”, argumentó el presidente de la Corte sobre las denuncias a empleados del Poder Judicial.
Un requerimiento que formuló Rivera al presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, quien no estuvo presente en la exposición, es que incluya en la agenda del Legislativo la elección de los cuatro miembros y dos suplentes del Consejo de la Judicatura. Rivera señaló que todos los servidores públicos deben someterse a las pruebas de confianza empezando por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Tasa de seguridad
Uno de los operadores de justicia que no ha sido beneficiado con la tasa de seguridad es el Poder Judicial; sin embargo, su titular solicitó apoyo de estos fondos para la logística y algunos programas.
“Consideramos apoyarnos en la tasa de seguridad, con el presupuesto que ustedes nos han aprobado seguimos haciendo lo demás; pero insisto, hay mora de 900 millones de lempiras. Ante todo esto puedo concluir que hemos tenido excelentes resultados en la lucha contra el crimen organizado. Tenemos dos jueces para ver casos contra crimen organizado y uno de privación de domino, queremos doblar esta cantidad”, justificó Rivera. Agregó que si acceden a los fondos podrán contemplar la creación de Tribunal de Sentencia exclusivo para temas que ya han sido conocidos por los jueces nacionales, además de una Corte de Apelaciones exclusiva.
Sobre los resultados por el delito de extorsión, Rivera informó que hay 126 casos judicializados, de los cuales 124 guardan prisión, por lo que el funcionario afirmó que han tenido el 99% de efectividad por parte de los jueces.
Reacciones
Según expertos, resoluciones contrarias al ordenamiento legal y justicia tardía son algunas falltas del Poder Judicial.
Fallos en distintas materias, penal, civil o constitucional están condicionadas según si el acusado tiene poder económico o político, dijo el presidente de la Barra de Abogados Anticorrupción, Rafael Padilla.
El asesor del Congreso, Eval Díaz, aseguró que al concluir las comparecencias existirán “medidas fuertes”.
Manifestó que entre las comparecencias de los últimos funcionarios judiciales se ha identificado “falta de decisión y compromiso con el pueblo hondureño”. Dijo que “falta creatividad” en la ejecución de acciones judiciales. “La comisión se va a reunir y elaborará un informe; habrá recomendaciones que no estoy en capacidad de decirle hasta dónde, pero entiendo que va a haber medidas fuertes”, advirtió. A criterio de Díaz, “es tan grave la situación y es tanta la expectativa y decepción del pueblo hondureño, que si yo fuera (funcionario judicial), ya estaría presentando mi renuncia”.
Se ha incautado más de 50,000 kilos de droga
El jefe del Estado Mayor Conjunto, René Osorio, reveló datos en la lucha contra el narcotráfico que llevan a cabo las Fuerzas Armadas, de los que se desprende que han incautado 50,022 kilos de droga que equivalen a 50 toneladas. “Se puede imaginar si los amigos del norte (Estados Unidos) nos compran esa droga, estaríamos robustecidos”, dijo durante su comparecencia en el Congreso Nacional.
“Esta es una exposición ejecutiva para que la tropa aquí no se me vaya a dormir. Nuestra misión es prevenir el delito apoyando a la Policía Nacional porque tenemos muchas amenazas que nos agobian, como el crimen organizado, narcotráfico, pandillas, entre otras cosas”, manifestó Osorio.
Explicó que han llevado a cabo seis operaciones contra el narcotráfico y han destruido 73 pistas de aterrizaje clandestinas en Gracias a Dios, Colón y Olancho. “Hemos registrado más de 200 mil vehículos, hemos apoyado a la Policía en cinco operaciones, somos su apoyo solidario. Hay más de cuatro mil militares en operaciones”, agregó.
Operaciones
Las Fuerzas Armadas sí se han visto beneficiadas con la tasa de seguridad. El general René Osorio reveló que han recibido más de 44 millones de lempiras y unos 54 mil dólares de este proyecto, con los que han comprado 26 vehículos todo terreno, chalecos antibalas, equipo de comunicación y en reparación de helicópteros.
Según Osorio, han perdido nueve militares en las últimas operaciones y 12 han salido heridos. Agregó que en su gestión como jefe del Estado Mayor Conjunto siempre ha dicho que “aquel que cometa un delito se le va a aplicar todo el peso de la ley, y eso en el cumplimiento de la misión lo vamos a defender a capa y espada”.
En su intervención mostró un video de una intercepción a una lancha rápida cargada de droga en el Caribe hondureño, en el que se muestra que la lancha al llegar a tierra sus tripulantes fueron protegidos por los pobladores. También detalló paso a paso cuántos militares se han utilizado en cada operación de apoyo a la Policía.
Destacó que actualmente se desarrolla la operación Caimán orientada a efectuar operativos fluviales en los ríos Patuca y Segovia, para desmantelar a las bandas que transportan drogas, y evitar el desplazamiento de personas del lugar para ayudar a descargar la droga.
La operación Jaguar es la que se hace por la vía terrestre consistente en los retenes en todo los sectores del país.
En cuanto a las operaciones en apoyo a la seguridad mencionó que se han ejecutado los operativos Xatruch, Relámpago, Libertad, apoyo al transporte urbano y Navidad Segura.
Consultas parlamentarias
Sergio Castellanos
¿Cuántas personas están pendientes de extradición?
Rivera Avilés: Existen dos personas pendientes de extradición y detalló que se trata de un hondureño y otro extranjero. Dijo que las extradiciones se podrían llevar a cabo en las próximas semanas y recordó que hasta el momento se ha extraditado solo a una persona, un ciudadano extranjero con los procedimientos establecidos en la Constitución.
Consultó sobre la violencia que impera en el país.
Rivera Avilés: “Solo a través de los operadores de justicia no vamos a terminar con este flagelo, este problema debe ser calificado como prioridad nacional para que sea combatido desde sus raíces”.
Juan Carlos Valenzuela
¿Es viable aplicar las pruebas de confianza a los jueces y magistrados del Poder Judicial?
Rivera Avilés: Todos los servidores públicos deben someterse a estos instrumentos, empezando por el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Marvin Ponce
¿Cuál es el desempeño del sistema judicial?
Rivera Avilés: Todos los impartidores de justicia presentan un informe mensual sobre su desempeño durante cada juicio. Añadió que con la implementación de la Ley de la Judicatura y la Carrera Judicial se implementará el sistema de evaluación del desempeño de cada impartidor de justicia; pero para ello se tiene que nombrar a los cuatro miembros restantes.
También se tiene contemplada la creación de un tribunal de sentencia, mismo para calificar el accionar del juez natural. Agregó que solo existen tres jueces naturales, dos asignados al delito del narcotráfico y el otro vinculado a la privación de dominio de bienes ilícitos.
