TEGUCIGALPA. El Poder Judicial contempla la revisión de reformas aprobadas el 7 de octubre en pleno Feriado Morazánico a las modificaciones al Código Penal, Procesal Penal y Ley de Lavado de Activos por parte del Congreso Nacional.
Una de las polémicas generadas se centró en el delito de lavado de activos, pues ahora el Ministerio Público deberá acreditar que los bienes objeto de lavado provienen expresamente de un listado determinado, y eso limitaría al ejercicio de la acción penal.
“Entiendo que el propio Ministerio Público anunció que una vez publicadas las reformas en La Gaceta interpondrían una acción de inconstitucionalidad. La otra es la revisión del estamento jurídico a efecto de introducir al pleno nuestras propuestas y sean aprobadas. En el tema penal alguna revisión a las penas que se han estado planteando en las nuevas leyes, como el delito de extorsión, lavado de activos y narcotráfico”, declaró Rolando Argueta, presidente de la Corte Suprema.
Sépalo
El CN aprobó reformas que aumentan la pena por usurpación de cuatro a seis años de prisión. Ello “abre la posibilidad de aplicar las nuevas disposiciones no solo a organizaciones campesinas, sino a personas en ejercicio de sus derechos a la libre”, afirmó Oacnudh en su momento.
El fiscal Luis Javier Santos, jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), consideró que estas reformas son un “pacto de impunidad y se debilita la lucha contra la corrupción”. “Veremos las consecuencias en pocos días. ¡Es grave!”, advirtió Santos.
Asimismo, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) considera que será importante saber “escoger bien el próximo Congreso Nacional, ya que todo se puede revertir si tenemos legisladores decentes”, acotó Odir Fernández, jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos. Las reformas fueron publicadas el lunes 1 de noviembre en La Gaceta.
En su momento, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) alertó que reformas “limitan” el acceso del Ministerio Público a información financiera en casos de corrupción.
