TEGUCIGALPA.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un habeas corpus correctivo para beneficiar a los privados de libertad que padecen enfermedades crónicas, a los mayores de 60 años o los que por su condición inmunológica se encuentren en riesgo ante el COVID-19.
Melvin Duarte, portavoz de la Corte, indicó que la acción fue introducida por la abogada Glenda Carolina Ayala, comisionada presidenta del organismo de prevención de la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes a favor de las personas privadas de libertad, contra el Instituto Nacional Penitenciario, pues en todos los centros penales hay una sobrepoblación. Además que las instalaciones no reúnen los requisitos para mantener las condiciones higiénicas, la falta de agua y de distanciamiento social recomendadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La Sala de lo Constitucional determinó admitir la acción, y nombró los jueces ejecutores: tres defensores públicos que estarán realizando las coordinaciones con los más de 190 defensores públicos a nivel nacional.
