Una de cada cinco personas desplazadas por la violencia en Honduras entre 2019 y 2024 eran niñas, niños y adolescentes, según un informe divulgado este lunes por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
El análisis, elaborado por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Conadeh, detalla que en ese periodo la institución atendió 7.095 quejas relacionadas con este fenómeno, que afectaron a unas 18.066 personas, de las cuales 3.736 (21%) eran menores de 17 años.
Las cifras muestran un incremento sostenido en los casos: 207 menores desplazados en 2019, 152 en 2020, 568 en 2021, 871 en 2022, hasta alcanzar un pico en 2023 con 1.243 víctimas, equivalente a tres niños por día, y 695 en 2024.
El informe señala que el 51 % de los menores desplazados eran niños y el 49 % niñas. La franja más golpeada es la niñez en edad escolar: el 37 % tenía entre 6 y 12 años, seguida por menores de 5 años (26 %) y adolescentes de 13 a 17 años (25 %).
Miles de niños abandonan sus estudios
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, advirtió que esta situación obliga a muchos niños a interrumpir o abandonar sus estudios, además de sufrir daños emocionales, físicos y sociales:
“La afectación no solo es emocional, sino también en su seguridad, en su protección porque tienen que salir huyendo de su lugar de residencia junto a sus padres, situación que vulnera su derecho a la educación, porque son niños que salen del sistema educativo”, subrayó.
Entre las principales causas de desplazamiento se destacan las amenazas (43 %), la extorsión (10 %), el asesinato de familiares (10 %), así como el despojo y destrucción de viviendas (9 %), precisó.
Reyes enfatizó que muchas de estas amenazas están vinculadas al reclutamiento forzado por parte de estructuras criminales, a la extorsión de padres y a la violencia de género.
El estudio identifica como principales responsables a estructuras criminales (28 %), personas desconocidas (28 %), así como agentes de seguridad del Estado y personas del entorno cercano de las víctimas.
Aunque el desplazamiento forzado afecta a todo el país, cinco departamentos concentran el 84 % de los casos de menores desplazados: Francisco Morazán (40 %), Cortés (28 %), Choluteca (6 %), Atlántida (6 %) y El Paraíso (4 %).
La UDFI fue creada en 2016 con apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para monitorear de manera permanente este fenómeno, que continúa afectando a miles de hondureños, en especial a la niñez y adolescencia.
El Parlamento hondureño aprobó en diciembre de 2022 la Ley de Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente por la Violencia, un fenómeno que el país centroamericano reconoció en 2013.
