El desplazamiento forzado interno continúa siendo una problemática persistente en Honduras, donde el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) registró 676 quejas en 2025 relacionadas con esta situación y con el riesgo de desplazamiento, que afectaron a 1.406 personas, según un informe divulgado este viernes.
El documento 'Desplazamiento Forzado Interno en Honduras 2025', elaborado con apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), detalló que el 70 % de las denuncias corresponden a personas en riesgo de desplazarse y el 30 % a quienes ya habían abandonado sus hogares por la violencia.
Aunque las quejas bajaron un 40,8 % respecto a 2024, el Conadeh advirtió que la reducción no refleja una mejora de las condiciones de seguridad, sino que obedece, principalmente, al temor de las víctimas a denunciar, la movilidad constante de las personas afectadas, la desconfianza en las instituciones y las dificultades para acceder a mecanismos de protección, lo que favorece el subregistro.
Entre 2016 y 2025, la entidad atendió 10.077 quejas que afectaron a 24.864 personas.
Desplazamiento forzado, una crisis multicausal
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, dijo a EFE que el desplazamiento forzado interno continúa siendo una de las crisis más críticas y multicausales en Honduras.
Reyes indicó que cuatro de cada diez quejas (40 %) tienen como detonante principal las amenazas directas, un hostigamiento que posteriormente materializa delitos como la extorsión, el secuestro, el despojo de propiedades y la violencia de género.
La experta reiteró que, aunque Honduras cuenta desde 2023 con una ley para prevenir y atender el desplazamiento forzado interno, la falta de su reglamento y de recursos suficientes continúa limitando la respuesta estatal y la protección efectiva de las personas desplazadas.
Ante este escenario, Reyes instó a la Secretaría de Derechos Humanos, en coordinación con las carteras de Seguridad y Educación, a asumir sus roles específicos y asignar recursos financieros urgentes para garantizar asistencia humanitaria integral, alimentación, traslados y reubicaciones seguras que salvaguarden la integridad de los afectados.
Mujeres y menores de 12 años, los más vulnerables
El informe añadió que la tentativa de homicidio es el segundo detonante del desplazamiento forzado interno, al representar el 10 % de los casos, seguida por la violencia doméstica (9 %), los asesinatos (9 %) y la extorsión (6 %).
Respecto a los agresores, el 50 % de las víctimas señaló a un conocido, el 19 % desconoce la identidad, el 11 % apuntó a maras y pandillas, y el 9 % a las fuerzas del orden.
El documento detalla que ocho de cada diez casos afectaron a familias completas y que las mujeres representaron el 51 % de las personas afectadas, frente al 49 % de hombres.
Además, 245 niñas, niños y adolescentes resultaron afectados, de los cuales el 67 % tenía entre 0 y 12 años, lo que los convierte en el grupo etario más vulnerable frente a la violencia y al reclutamiento forzado.
También se registraron 19 quejas de personas de pueblos indígenas y afrohondureños y 15 de personas LGBTIQ+, colectivos que enfrentan riesgos agravados por la discriminación, los conflictos territoriales y la violencia.
