La Comisionada de Derechos Humanos en Honduras, Blanca Izaguirre, dijo en las últimas horas que no descarta denunciar ante instancias internacionales al Estado si incumple las recomendaciones emanadas de tratados para enfrentar la crisis en las cárceles, que ha dejado más de 987 presos muertos desde 2003.
En un comunicado, Izaguirre indicó que “no descarta denunciar ante instancias internacionales, si el Estado hondureño no cumple con las recomendaciones emanadas por los órganos de tratados para enfrentar los problemas que se viven al interior de los centros penitenciarios del país”.
Aseguró que, si las estrategias o medidas del Gobierno para contrarrestar la “crítica situación” en las cárceles no tienen un enfoque de derechos humanos, interpondrá recursos de inconstitucionalidad, toda vez que Honduras ratificó la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo que manda a los Estados a crear mecanismos nacionales de prevención contra este flagelo.
La Defensora del Pueblo se pronunció así luego de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el fin de semana una intervención del sistema penitenciario tras los enfrentamientos simultáneos registrados en cuatro cárceles, que dejaron un preso muerto y al menos siete heridos.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) debe diseñar un plan de trabajo interinstitucional, con apoyo del estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura, Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, para “recuperar el control” de los centros penales, señaló Izaguirre.
La presidenta Castro nombró este lunes a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, para liderar el plan de intervención, con apoyo del INP y la Policía Nacional.
La Comisionada de Derechos Humanos instó al Gobierno hondureño a crear una política penitenciaria integral con enfoque de derechos humanos para enfrentar la crisis en las cárceles, que han sido escenario de múltiples riñas desde 2003, en las que murieron más de 987 presos, según datos del organismo.
Pidió, además, a las autoridades no considerar la militarización de los centros penales porque representaría “un retroceso grave en materia de derechos humanos”. Izaguirre exhortó también al Gobierno de Honduras a realizar una investigación con “debida diligencia” sobre los enfrentamientos entre pandilleros registrados el fin de semana en cuatro cárceles.
El sistema penitenciario de Honduras alberga a 19,586 presos, de ellos al menos la mitad han sido sentenciados, según cifras oficiales. Del total de la población penitenciaria, 18,421 son hombres, de ellos 129 son extranjeros, y 1,165 son mujeres, 7 de ellas de diferentes nacionalidades.
En las cárceles de Honduras impera la sobrepoblación y el hacinamiento, la falta de instalaciones físicas adecuadas y seguras para el alojamiento de los reclusos, las condiciones de higiene y salubridad son deplorables.
