El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) destapó un nuevo caso de corrupción: la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización habría entregado 103 millones de lempiras a oenegé y allegados de políticos.
El informe, presentado por Gabriela Castellanos, directora ejecutiva del CNA, y Luis Urbina, jefe de la Unidad de Investigación, fue titulado “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”.
Durante la presentación del informe, Castellanos dijo que “en esta investigación se demuestra cómo los funcionarios se confabularon con particulares para convertir las necesidades del pueblo en un negocio personal y que se enriqueció los bolsillos de parientes y de amigos”.
La investigación devela que 103 millones de lempiras se habría gastado en proyectos de infraestructura menor, ayudas sociales y becas, mediante un esquema que combinaba irregularidades y clientelismo.
Según el CNA, Tomás Vaquero, titular dela Secretaría de Gobernación, se excedió en la asignación de fondos.
Asimismo, el informe refiere que Jackeline Lizette Pinto, exgerente administrativa, desempeñaba un papel clave, con vínculos familiares con varias de las oenegés beneficiadas: su esposo figuraba como apoderado legal y su cuñada como miembro de la junta directiva.
Una vez asignados los fondos, las oenegés realizaban contrataciones privadas dirigidas, asegurando que empresas y contratistas vinculados al esquema recibieran los proyectos y se alternaran el acceso a los recursos públicos, de acuerdo con el documento.
El CNA advirtió que los hallazgos requieren investigación, rendición de cuentas y medidas que frenen estas prácticas de corrupción.
Luis Urbina, jefe de Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, explicó que se ha "interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público, específicamente ante la Uferco (Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción), por una red de corrupción que pudimos desmembrar en la parte investigativa desde el CNA, donde vimos cómo se fue orquestando directamente desde la Secretaría de Gobernación".
Urbina dijo que quien cumplía el rol fundamental que propició el mal uso de 103 millones de lempiras del tesoro del Estado, entre los años 2022 y 2023, fue la señora Jackeline Pinto, "ella orquestó una red de corrupción que favoreció directamente a seis oenegés que tenían vínculo directo con ella".
El CNA estableció en su investigación, que se encontraron indicios de sobrevaloración en relación con la ejecución de las obras, algunas no ejecutadas y otras que se encuentran en un estado deplorable, por haberse realizado de forma incorrecta y que ya no son de utilidad para las comunidades donde se edificaron.
