Tegucigalpa, Honduras
Los centros que acogen a niños y adolescentes en condición de vulnerabilidad bajo tutela estatal enfrentan una grave falta de personal especializado para brindarles atención adecuada.
El primer Censo Nacional de la Niñez en Cuidado Residencial, realizado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), reveló una preocupante realidad sobre esta situación.
Un 15% de los niños y adolescentes en centros temporales bajo tutela estatal fueron enviados por el Ministerio Público como medida de protección, tras ser reconocidos como víctimas en investigaciones vinculadas a hechos delictivos.
El censo indica que los centros de cuidado cuentan con 2,963 trabajadores; sin embargo, el 64% de ellos no dispone de trabajadores sociales, el 60% carece de personal médico y el 41 % no cuenta con psicólogos. Además, el 50% de los centros no tiene docentes.
La presencia mínima de profesionales especializados para atender situaciones de trauma, violencia, abandono o problemas emocionales de los menores es uno de los problemas más urgentes, según expertos.
El personal que debería garantizar entornos seguros y saludables para estos menores es, sencillamente, insuficiente.
Wilmer Vásquez, director de la Red Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (Coiproden), manifestó que existe una gran preocupación al respecto.
“Estamos hablando de que más del 60% de los centros no cuentan con trabajadores sociales, psicólogos ni docentes. Esta es una debilidad que tienen las organizaciones y refleja la falta de recursos con los que trabajan las organizaciones no gubernamentales, o sea, las Irca”, expresó.
Para mitigar esta problemática, resulta fundamental implementar abordajes psicosociales e integrales, acompañados de estrategias de conexión y arraigo familiar.
El censo recomienda asignar suficientes recursos técnicos y financieros para la implementación de una estrategia institucional que fortalezca las capacidades de protección a la niñez en cuidado alternativo.
“Ahora, con este censo, se debe crear una estrategia de intervención y acompañamiento por parte de la institución rectora, en este caso la Senaf, para verificar qué instituciones cuentan con políticas de atención a la niñez y estrategias con enfoque de derechos de la niñez”, añadió Vásquez.
Asimismo, se aconseja aumentar la contratación de psicólogos, trabajadores sociales y personal médico, además de capacitar al personal existente en protección infantil, crianza positiva y derechos de la niñez.
“Todos los niños y adolescentes tienen derecho a crecer en familia. Cuando no cuentan con el cuidado de sus padres, el Estado debe priorizar entornos familiares alternativos sobre la institucionalización”, indicaron representantes de la Senaf.
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