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Caso Pandora: piden sumar el delito de asociación ilícita a cinco imputados  

  • 25 julio 2018 /

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa inició hoy la audiencia inicial contra 28 de los 38 implicados.

Tegucigalpa, Honduras.

El Ministerio Público hondureño hizo este miércoles la solicitud para que se amplíe otro delito a cinco de los procesados por el caso Pandora.

'Se ha pedido la ampliación de un delito por parte del Ministerio Público, que es el delito de asociación ilícita para cinco de los imputados', dijo Carlos Silva, vocero del Poder Judicial.

Silva explicó que se pidió incluir el delito de asociación ilícita contra los imputados Jacobo Regalado, Norma Kaffy, Laura Arita y dos personas que no se encuentran presentes en esta audiencia inicial.

'A ellos actualmente se les imputan delitos como el de lavado de activos, y el de abuso de autoridad en algunos casos', añadió.

Un juzgado hondureño instaló este miércoles la audiencia inicial contra 28 de 38 acusados, entre ellos varios diputados, por el desvío de más de 11.7 millones de dólares que fueron utilizados en la campaña de las elecciones generales de 2013.

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En esa audiencia, que podría extenderse hasta el fin de semana, la jueza Lidia Álvarez decidirá si le impone a los acusados auto de formal procesamiento con prisión preventiva o les otorga un sobreseimiento provisional o definitivo.

Entre los acusados figura el diputado y excandidato presidencial Elvin Santos, del Partido Liberal (opositor); los parlamentarios Rodolfo Irías Navas, expresidente del Parlamento hondureño, y José Celín Discua, del Partido Nacional (en el poder), y el diputado suplente Lenin Rigoberto Rodas Velázquez, de Unificación Democrática.

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Asimismo, el exministro de Agricultura y Ganadería Jacobo Regalado, Ernesto Gáleas, exadministrador del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal y el diputado Miguel Edgardo Martínez, del Partido Nacional (en el poder).

Se suman a ellos, el francés Jean Francois Marie de Peyrecave, esposo de Hilda Hernández, exministra de Estrategia y Comunicaciones y hermana del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, fallecida en diciembre de 2017 en un accidente de helicóptero junto a otras cinco personas.

Los 28 implicados están siendo acusados, en su mayoría, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.

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Según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic), los fondos desviados para las elecciones generales de 2013 y otros delitos suman más de 282 millones de lempiras (11,7 millones de dólares).

Los recursos provenían de las secretarías de Finanzas y de Agricultura y Ganadería y el caso fue investigado por la Ufecic, con apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia del inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán, Pietro Di Battista.

Di Battista denunció una 'utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas'.