A 17 días para que venza la vigencia del tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos, la oposición insta al Gobierno a reconsiderar la decisión.
El tratado de extradición finalizará el 28 de febrero luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro denunciara el acuerdo el pasado 28 de agosto de 2024.
“Es una herramienta efectiva contra el narcotráfico. El pueblo hondureño le pide al Gobierno de Libre que recapacite y ponga en primer lugar los intereses del país y no los familiares, como lo han hecho hasta el día de hoy”, declaró Tomás Zambrano, jefe de bancada del Partido Nacional.
El parlamentario advirtió que, si la decisión no se revierte antes del 28 de febrero, Honduras podría convertirse en un “paraíso para los narcos de Latinoamérica”. Además, alertó sobre eventuales sanciones internacionales que afectarían a los hondureños residentes en Estados Unidos.
Maribel Espinoza, diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal, advirtió que la cancelación del tratado traerá “serias y graves consecuencias para el país”. “Si doña Xiomara no rectifica, está condenando a Honduras al aislamiento. Nosotros no podemos permitir eso, y le digo al pueblo hondureño: si quedamos aislados porque no rectifican, la culpa será de Xiomara Castro”.
Reacciones legales
Desde una perspectiva legal, la abogada constitucionalista Ana Pineda explicó que la nota verbal enviada por la Cancillería a la embajada de Estados Unidos el 28 de agosto de 2024 solo hace referencia al tratado de 1912, el cual no contempla el narcotráfico como un delito extraditable.
“El tratado que sí regula la extradición por tráfico de narcóticos es el de 1927”, explicó Pineda, en referencia a la Convención Adicional de Extradición, vigente desde el 5 de junio de 1928.
Ramón Barrios, diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), sugirió la creación de una ley de procedimiento para regular la extradición en lugar de la figura del auto acordado.
“Lo que necesitamos es una ley de procedimiento de extradición. La figura del auto acordado ha funcionado, pero no es lo ideal”.
Según el canciller Enrique Reina, la decisión de denunciar el tratado fue tomada por temor a que el mecanismo fuese utilizado como un arma política, en referencia a reacciones de Estados Unidos tras una reunión de Roosevelt Hernández, jefe de las Fuerzas Armadas, con Vladimiro Padrino, ministro de Defensa de Venezuela.
