La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) confirmó que los bonos y pagos por cargo otorgados a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) son exentos de impuestos, es decir, “no gravables”.
El comunicado, emitido el 9 de octubre de 2025, surge tras una publicación de LA PRENSA que reveló acuerdos administrativos mediante los cuales oficiales de alto rango reciben beneficios económicos adicionales.
Lejos de aclarar la controversia, la confirmación de Sedena ha generado más críticas, ya que ratifica que estos pagos no están sujetos a deducciones fiscales, lo que muchos consideran un privilegio injustificado en medio de la situación económica del país.
De acuerdo con los documentos publicados en La Gaceta, el Acuerdo S.D.N. No. 113-2025 (18 de julio de 2025) fijó “Pagos por Cargo” de hasta 33,000 lempiras mensuales para mandos superiores de la Secretaría de Defensa.
Posteriormente, el Acuerdo S.D.N. No. 0130-2025 (11 de agosto de 2025) replicó un esquema similar para la PMOP, con incentivos de hasta 10,000 lempiras al mes.
Ambos instrumentos califican dichos pagos como “adicionales, temporales y no gravables”, y aclaran que no forman parte del salario.
Sedena ratifica
Lejos de negar esa información, la Sedena la ratificó: “El pago por cargo constituye un emolumento adicional, de carácter temporal y no gravable, que no forma parte del salario”, señala el comunicado oficial.
Esta confirmación, lejos de calmar las críticas, ha profundizado la polémica. Diversos sectores cuestionan que mientras la mayoría de trabajadores hondureños tributan por sus ingresos, los altos mandos militares y miembros de la PMOP reciban miles de lempiras libres de impuestos.
Esta declaración oficial no solo valida la información previamente publicada, sino que le otorga un sello de autenticidad preocupante.
Lo que Sedena presenta como una "compensación debidamente regulada que reconoce la responsabilidad jerárquica, la formación técnica y las condiciones particulares del servicio", se traduce para el ciudadano común en un privilegio fiscal significativo para un sector específico del aparato estatal.
Mientras el resto de los trabajadores del país ven cómo sus ingresos están sujetos a la retención de impuestos, la cúpula militar y parte de la PMOP se beneficiarán de miles de lempiras mensuales libres de gravamen.
La excusa de que el "pago por cargo" no es "una decisión discrecional ni reciente, sino una disposición establecida en la normativa vigente" (refiriéndose a la Ley de Personal para los Miembros de las Fuerzas Armadas) no justifica la medida.
Más bien, subraya la existencia de un marco legal que permite a las Fuerzas Armadas operar bajo reglas financieras distintas y más laxas que el resto de la administración pública y la ciudadanía.
La afirmación de Sedena de que "todas las actuaciones... se desarrollan dentro del principio de legalidad" y que son "supervisadas por los mecanismos internos de control administrativo y sujeta a la fiscalización del Tribunal Superior de Cuentas y de la Secretaría de Finanzas", suena hueca cuando se constata que estos organismos permiten la exención de impuestos sobre sumas tan elevadas.
La persistencia en justificar la naturaleza "no gravable" de estos pagos no hace más que reforzar la percepción de que existe un sistema diseñado para beneficiar a ciertos sectores sin que aporten a las arcas públicas como lo haría cualquier otro ciudadano.
