La Fiscalía hondureña desarrolló este lunes un nuevo operativo de aseguramiento de bienes al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, hallado culpable de narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Según el MP, los fiscales “impulsan acciones de privación definitiva de dominio a 131 bienes considerados de origen ilícito inscritos a nombre del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado, su esposa Ana Rosalinda García Carías, entre otras personas del círculo cercano”, dijo la fiscalía en un comunicado.
Detalló que son 32 inmuebles (terrenos y casas), 19 sociedades mercantiles y 80 productos financieros (cuentas bancarias o depósitos).
La justicia había ordenado un embargo precautorio sobre estos bienes en abril de 2022, cuando Hernández fue extraditado a Estados Unidos, dos meses después de dejar el poder.
La fiscalía mencionó entre las otras personas cercanas a la madre del exmandatario, María Elvira Alvarado, y sus hermanos Aixa Marlene, Amílcar, Juan Antonio (condenado por narcotráfico en EEUU en 2021) e Hilda (quien murió en 2021 en un accidente de helicóptero).
El operativo es impulsado por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF- Adpol) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN).
Culpable y a espera de conocer su pena
Hernández, que espera ahora a que el juez Kevin Castel dicte su sentencia, se convertirá así en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, sentenciado en 1992 en un juzgado de Florida a 40 años de cárcel por sus conexiones con el cartel de Medellín colombiano.
El cargo de “conspirar para importar cocaína” conlleva una sentencia de entre 10 años y la perpetuidad; el de “usar y portar ametralladoras y otros dispositivos destructivos” para introducir droga se castiga entre 30 años y la perpetuidad; y el de “conspirar para usar y portar ametralladoras” para la importación de droga también tiene una pena máxima de perpetuidad.
La Fiscalía sostenía que la actividad narcotraficante de Hernández no se limita a sus dos mandatos presidenciales, sino a toda su carrera política desde al menos 2004, un tiempo en el que utilizó sus cargos públicos, “así como la Policía y el Ejército” para apoyar a las organizaciones de narcotráfico de Honduras, México y otros lugares.
Aunque durante el juicio no vieron pruebas concluyentes -en forma de videos, audios o comunicaciones interceptadas- que incriminen a Hernández, de 55 años, el jurado quedó convencido por los testimonios aportados por notorios narcotraficantes que han declarado contra él después de haberse declarado culpables ante la Justicia estadounidense, presumiblemente en busca de beneficios carcelarios.
