Tegucigalpa. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) inspeccionaron ayer Ciudad Morazán y Lomas del Diamante donde están instaladas 200 casas contenedores.
El proyecto para los afectados por las tormentas Eta y Iota en 2020, adquirido por la Secretaría de la Presidencia por 1,200 millones de lempiras, tiene una línea de investigación para corroborar si los contenedores son nuevos o usados, el proceso administrativo debido, el costo y el motivo por el que no está funcionado.
1,000
casas contenedores se habían planificado por parte del Gobierno, pero al ver que no era del todo viable el proyecto, se redujo la cantidad.
La Secretaría de la Presidencia, por medio de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), adquirió en diciembre de 2020 mediante el PCM 142-2020 las 200 casas.
Y, a once meses que debió funcionar (febrero de 2021), el proyecto sigue estancado, por lo que el Ministerio Público comenzó con la investigación.
La intervención de ayer obedeció a denuncia interpuesta en contra de funcionarios de la Secretaría de la Presidencia, en la cual agentes del Departamento de Investigación de los Delitos en contra de la Administración Pública y Patrimonial de la Atic iniciaron las diligencias.
Modalidad
Las casas contenedores que se construyen en Lomas del Diamante, aldea Santa Rosa, al sur de la capital, ya no serán para emergencias, sino que se ocuparán de forma permanente.
El proyecto tomó un nuevo rumbo con el fin de que las unidades familiares puedan servir de alguna manera y que no sea una millonaria obra desperdiciada.
El proyecto es liderado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que es el órgano de asistencia técnica, ejecución de programas, plataformas y proyectos para el Fideicomiso Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad de la República de Honduras del Instituto de Propiedad (IP).
No obstante, la dirección de lo que se ejecuta proviene de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) de la Secretaría de la Presidencia, por mandato del Poder Ejecutivo.
Las autoridades habrían tomado la decisión de subastarlo debido a que no es el adecuado y tuvieron que desistir de continuar.
El Ministerio Público informó que uno de los investigados es el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz.
