El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) estima que al hacerse efectivo el pago de indemnizaciones a funcionarios de alto rango que están dentro de la categoría de servicio excluido en la Ley de Servicio Civil causaría un impacto económico de entre 300 y 500 millones de lempiras.
Gustavo Solórzano, asesor legal de la empresa privada, indicó que “nosotros hemos estimado entre 300 y 500 millones de lempiras porque no solamente son los secretarios o subsecretarios de Estado, es una gran lista de funcionarios que forman parte del servicio excluido y que establece el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil que estarían teniendo este pago y que en nuestra consideración es indebido porque es personal de confianza que tenía un acuerdo de nombramiento para un determinado período de gobierno y que sabían que iba a finalizar”.
El abogado hizo un llamado a los funcionarios que se encuentran dentro de la categoría a que no reciban el pago, “por que es una injusticia contra el pueblo hondureño que pagamos nuestros impuestos que son para fines de carácter social, para beneficios comunes y no para lucrar a funcionarios que la labor era de servicio y era personal de confianza de la Presidencia de la república”.
La empresa privada realizó un análisis jurídico al respecto y establece como improcedente y que ha sido una mala práctica en el Congreso Nacional, por lo que deben de interponerse las acciones legales pertinentes como acciones de inconstitucionalidad contra las disposiciones que alteran el espíritu de las reglas de ejecución de los ingresos y egresos del presupuesto de la república.
Consecuencias
Luego que se diera a conocer que el Gobierno, amparado en el artículo 129 del decreto legislativo que contiene el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de 2022, el cual establece que se debe indemnizar conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley del Servicio Civil a los servidores de la administración central que han laborado de forma consecutiva, incluyendo a los servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido, expertos en material laboral ven el pago como incongruente y falta a la transparencia.
German Leitzelar, abogado laboralista, dijo que con ese artículo se está violentando la jerarquía normativa y advirtió que quien realice o acepte el pago incurrirá en responsabilidad de tipo civil, administrativas o penal.
“Que un funcionario público lo ejecute o lo reciba lo hace incurrir en responsabilidad civil, es decir, debe devolver el dinero, o de carácter administrativo, por lo que puede ser sancionado a no volver a ocupar un cargo por un período determinado o en su defecto en aquellos casos que haya dolo, entonces la responsabilidad va hacia la responsabilidad penal”, explicó.
