El Progreso, Honduras.
“Si hay una denuncia sobre esos proyectos, aclaro, no son 36 canchas las iluminadas, sino más de 300 en todo el municipio; todo está apegado a ley”, expresó el alcalde Alexander López luego de conocer una denuncia presentada por supuestas irregularidades en contra de la Municipalidad que dirige.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública una línea de investigación contra la alcaldía progreseña.
El CNA verificó la ejecución de 36 proyectos de iluminación de canchas de fútbol, cuyos contratos fueron adjudicados de manera directa a personas naturales y a tres empresas relacionadas entre ellas y sin una ubicación física.
Según la investigaciones, se adjudicaron contratos por un monto de L6,088,085.36.
La diferencia entre el monto contratado por la alcaldía y el evaluado por el CNA es de L1,725,704.77, lo que representa un 22.09% de contratación por encima de la valoración.
A mediados de agosto, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se tomó la Municipalidad y sustrajo una buena cantidad de documentos para corroborar la ejecución de obras.
Reacción
El alcalde López dijo estar tranquilo. “El que nada debe nada teme, no hay nada que esconder”.
Asegura que todo se hace con base en la Ley de Contratación del Estado. “En esa se establecen los montos y no hay que inventar el agua caliente, la persona natural o jurídica que gana un contrato es en base a calidad y a precio. No hemos faltado a ese proceso, todo es legal”.
Agregó que solo este año iluminarán 24 canchas más y que no va a parar, pues refiere que no son temas antojadizos, y la Corporación los hace dentro de un plan que se llama 80-20, que consiste en reducción y prevención de la inseguridad. “Con esto estamos recuperando espacios públicos. A quienes denunciaron, yo quiero darles un contrato para que con ese mismo valor que nosotros pagamos una obra de esas la hagan y van a ser clientes de la alcaldía, siempre y cuando tengan la capacidad de hacerlas con todo los parámetros técnicos y costos dentro de la Ley de Contratación del Estado”.
Roberto Zelaya, gerente de la alcaldía, dijo que “todo está bien documentado, no hay nada fuera de la ley. Estamos tranquilos”.
Los delitos imputados en la denuncia son abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
“Si hay una denuncia sobre esos proyectos, aclaro, no son 36 canchas las iluminadas, sino más de 300 en todo el municipio; todo está apegado a ley”, expresó el alcalde Alexander López luego de conocer una denuncia presentada por supuestas irregularidades en contra de la Municipalidad que dirige.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó ante la Fiscalía Especial de la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública una línea de investigación contra la alcaldía progreseña.
El CNA verificó la ejecución de 36 proyectos de iluminación de canchas de fútbol, cuyos contratos fueron adjudicados de manera directa a personas naturales y a tres empresas relacionadas entre ellas y sin una ubicación física.
Según la investigaciones, se adjudicaron contratos por un monto de L6,088,085.36.
La diferencia entre el monto contratado por la alcaldía y el evaluado por el CNA es de L1,725,704.77, lo que representa un 22.09% de contratación por encima de la valoración.
A mediados de agosto, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se tomó la Municipalidad y sustrajo una buena cantidad de documentos para corroborar la ejecución de obras.
Reacción
El alcalde López dijo estar tranquilo. “El que nada debe nada teme, no hay nada que esconder”.
Asegura que todo se hace con base en la Ley de Contratación del Estado. “En esa se establecen los montos y no hay que inventar el agua caliente, la persona natural o jurídica que gana un contrato es en base a calidad y a precio. No hemos faltado a ese proceso, todo es legal”.
Agregó que solo este año iluminarán 24 canchas más y que no va a parar, pues refiere que no son temas antojadizos, y la Corporación los hace dentro de un plan que se llama 80-20, que consiste en reducción y prevención de la inseguridad. “Con esto estamos recuperando espacios públicos. A quienes denunciaron, yo quiero darles un contrato para que con ese mismo valor que nosotros pagamos una obra de esas la hagan y van a ser clientes de la alcaldía, siempre y cuando tengan la capacidad de hacerlas con todo los parámetros técnicos y costos dentro de la Ley de Contratación del Estado”.
Roberto Zelaya, gerente de la alcaldía, dijo que “todo está bien documentado, no hay nada fuera de la ley. Estamos tranquilos”.
Los delitos imputados en la denuncia son abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios públicos y fraude en perjuicio de la administración pública.
