TEGUCIGALPA.
Estos fondos están destinados a facilitar a la
micro, pequeña y mediana empresa (mipymes), así como para las grandes empresas, recursos frescos de financiamiento por medio de la emisión de garantías crediticias que servirán para respaldar los créditos nuevos en moneda nacional que concederán las instituciones financieras intermediarias, sistema financiero supervisado y cooperativas de ahorro y crédito.
En el caso de los empleados del sector turismo que no están afiliados al
RAP se buscarán mecanismos de financiamiento de la aportación solidaria en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) si fuese necesario.
En su segunda sesión virtual que duró más de cinco horas, los diputados aprobaron ayer una serie de iniciativas para hacer frente a los graves efectos de la pandemia del COVID-19, entre ellas, la incorporación de unos 150,000 trabajadores del turismo en las medidas de auxilio solidario otorgadas inicialmente a los afiliados al Régimen de Aportaciones Privadas (RAP) y trabajadores de la maquila.
Además, el Congreso Nacional ratificó un convenio de préstamo del Poder Ejecutivo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 200 millones de dólares.
| Decretos aprobados
1-Reforma al decreto 33-2020 “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el covid-19.
2-Contrato de crédito suscrito con el BCIE por $200 millones para apoyar a sectores productivos afectados por la pandemia del COVID-19. 3-Ley de medidas de acceso e inclusión financiera del Banhprovi para usuarios finales y los sectores productivos del país. |
Los fondos serán canalizados fundamentalmente para aquellas empresas afectadas por la reducción de sus ingresos como producto de las medidas de confinamiento social adoptadas por el Gobierno para evitar la acelerada propagación del COVID- 19.
Tabla de auxilio
Los diputados aprobaron por mayoría una reforma al decreto 33-2020 referente a la “Ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por el COVID-19”, orientado a apoyar monetariamente a los trabajadores de la industria del turismo que han sido suspendidos de sus empleos por efectos de la epidemia.Bajo esta iniciativa se incorpora a los asalariados de este importante sector en el beneficio de la aportación solidaria temporal de 6,000 lempiras que se les dará a los trabajadores de la maquila y a los afiliados al RAP por un período de tres meses.
 Los diputados celebraron su segunda sesión virtual en la que aprobaron cuatro importantes decretos.
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Carlos Madero, ministro de Trabajo, estimó que con esta medida se beneficiará a unas 150,000 personas, y para ello el Estado erogará 500 millones de lempiras. El decreto determina que el período de suspensión de los contratos en este sector laboral tendrá un límite máximo de 180 días, ya que por la naturaleza de su operación no podrá reactivar sus actividades de inmediata al finalizar la epidemia.
Asimismo, los diputados aprobaron con la dispensa de dos debates nuevas medidas de acceso e inclusión financiera a través de fondos de Banhprovi para los sectores productivos del país. Los diputados del Partido Liberal, Libre y de Alianza Patriótica exigieron retornar a las sesiones presenciales.
Trabajadores temporales de Salud recibirán acuerdo laboral TEGUCIGALPA. El personal sanitario del país que en este momento está bajo la modalidad de contrato y que está sirviendo en la atención a pacientes con COVID-19 recibirán su acuerdo laboral, según una iniciativa aprobada anoche por el Congreso a propuesta del diputado presidente Mauricio Oliva.
“Esta es una decisión justa. Los que están en primera fila luchando contra la pandemia en los hospitales deben ser protegidos por el Estado con estabilidad laboral”, dijo Oliva al solicitar la dispensa de dos debates. Según el dictamen del decreto, será los beneficiados: el personal médico y sanitario de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, Instituto Hondureño de Seguridad Social, instituciones descentralizadas y demás instituciones públicas del Estado bajo la modalidad de contrato, incluyendo el personal médico y sanitario contratado bajo el programa Código Verde Plus.
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