SAN PEDRO SULA.
“Nos reunimos con
Leo Castellón y su equipo para conocer cuál es la situación actual de la concesión que vence el 28 de septiembre. Se necesita un estudio para realizar la nueva concesión, que todavía no está preparada, está contra el tiempo. No sabemos si el día que se venza la concesión se va a poder licitar”, dijo
Jaime Villegas.
Explicó que “la otra salida que estamos buscando es que se concesione con la Municipalidad de
San Pedro Sula. Podríamos desarrollar un modelo positivo para el país”. No obstante, al contratiempo, el superintedente Castellón cree que el
Consejo Superior de las Alianzas Público-Privadas, apoyado por el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), tiene aún posibilidades de realizar la licitación.
A ocho meses de que concluya la concesión de los aeropuertos internacionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Roatán, el proceso de licitación para encontrar a la nueva empresa operadora marcha a un paso demasiado lento.
La disolución de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), entidad que había iniciado el proceso en mayo de 2018, es una de las causas que ha provocado un retraso en el desarrollo de la licitación que ahora está a cargo del Consejo Superior de las Alianzas Público-Privadas, creado en diciembre pasado.
Bajo estas condiciones, el aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, rezagado por la falta de inversión de parte de la concesionaria Interairports, se encuentra frente a cuatro posibles escenarios, unos más positivos que otros.
En caso de no celebrar la licitación en estos ocho meses, el Gobierno podría prolongar el período de concesión a Interairports o trasladar la operación a una junta administradora integrada por la Municipalidad y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).
Si se celebra la licitación, se le otorgaría la concesión a una nueva empresa que cumpla los requisitos o a Alutech, compañía del Grupo Emco (operará el Aeropuerto de Palmerola), si califica como ganadora.
En mayo, luego de que Coalianza lanzara la convocatoria, veinte empresas retiraron las bases de expresión de interés. De ese grupo, unas diez pasaron a una segunda etapa.
Ante la incertidumbre, una comisión especial creada por el Congreso Nacional a finales de enero, integrada por los diputado de Cortés Jaime Villegas (PN), Juan Carlos Ávila (PL), Samir Molina (PN), Karen Ortega (AP), Patricia Murillo (Libre), Rubén García, Welsy Vásquez (PN) y Marco Handal (PN) se reunieron con Leo Castellón, presidente de la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP) y este día se encontrarán con Carlos Flores, gerente del Villeda Morales (1996), cuando estuvo bajo la dirección de una junta administradora.
Tengo entendido que hay interés de empresarios y la Municipalidad para que les den la concesión del aeropuerto. Jaime Villegas, diputado por Cortés
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El diputado, en una entrevista telefónica, explicó que la comisión creada por el Congreso Nacional tiene como objetivo encontrar la “mejor opción para que San Pedro Sula tenga un aeropuerto moderno”.
“Es por eso que tendremos una reunión con Carlos Flores, exgerente del aeropuerto. Después nos reuniremos con empresarios. Tengo entendido que hay interés de empresarios y la Municipalidad para que les den la concesión. Para mí, eso sería fabuloso. Sería una fundación sin fines de lucro y trabajaría para modernizar al aeropuerto, sería similar a la antigua junta administradora”, dijo.
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Para Villegas, Interaiports “cumplió con el contrato y no hay nada que reprochar; pero se quedó corto en cuanto a inversiones, lo cual es demostrado con las únicas tres mangas que tiene el aeropuerto”. Sin embargo, “en este tiempo el aeropuerto ha funcionado bien”.
En enero, después de que Diario LA PRENSA publicara una serie de reportajes sobre el rezago del Villeda Morales, el diputado Ávila presentó la moción con el propósito de crear una comisión que busca incidir para que este puerto aéreo recupere la competitividad.
“La intención, como diputado, es que San Pedro Sula tenga un aeropuerto moderno. Estoy peleando un derecho adquirido de los ciudadanos de la costa norte. Interjet, por ejemplo, opera en Guatemala y El Salvador, pero no en Honduras por los costos de los boletos”, dijo.
El miércoles próximo, cuando celebren una reunión con Martha Doblado, miembro del Consejo Superior de las Alianzas Público-Privadas, los diputados esperan “tener un dictamen verdadero sobre la situación actual de los tres aeropuertos”, según Ávila. Explicó que en caso de que el Gobierno no logre celebrar la licitación, “la concesionaria actual puede retomar la concesión por tres años más, porque el contrato lo establece. De no existir eso, el inmueble del aeropuerto vuelve al Estado”.
 Diputados se reunieron con Leo Castellón.
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“Tenemos ocho meses para hacer la reversión de los activos a Insep (concedente). Significa que, en ocho meses, el nuevo consejo superior de alianza público privada tiene que hacer el estudio de licitación y la transición al nuevo operador que va ganar este concurso”, dijo. “Entiendo que alrededor de 20 compañías diferentes retiraron las bases, los términos de referencia”, dijo.
Desde su punto de vista, Castellón cree que “tirar a un concurso a los tres aeropuertos” es una ventaja porque puede atraer “a una compañía operadora grande”, contrario a concesionar de forma separada los de La Ceiba y Roatán “que no son tan atractivos por el movimiento que pueden tener”. Pero “sea quien sea el operador, estará regido por una ruta a seguir, un plan maestro, el contrato de concesión que es un estudio que está haciendo en este momento el BID”, dijo.
