Devis Leonel Rivera Maradiaga, el testigo de EEUU contra élites de Honduras

Una reunión entre él, Juan Antonio Hernández y policías grabada en video forma parte de las evidencias de acuerdo a la acusación del Departamento de Justicia de EEUU contra el hermano del presidente de Honduras

Los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, quienes lideraban al grupo criminal Los Cachiros, una banda de narcotraficantes que se adjudicaron decenas de asesinatos. Foto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Los hermanos Devis Leonel y Javier Heriberto Rivera Maradiaga, quienes lideraban al grupo criminal Los Cachiros, una banda de narcotraficantes que se adjudicaron decenas de asesinatos. Foto de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.

San Pedro Sula, Honduras.

El testigo de los fiscales federales de Estados Unidos que ha involucrado a exfuncionarios, políticos y expolicías en la mayor red de narcotráfico y corrupción en Honduras es Devis Leonel Rivera Maradiaga, 41 años, ex cabecilla del grupo criminal de Los Cachiros que admitió estar detrás del asesinato de al menos 78 personas.

Hace cuatro años Rivera Maradiaga selló un trato con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York para entregar pruebas de un esquema de corrupción que ha salpicado los altos niveles políticos y policiales de Honduras y que esta semana tocó al hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, el abogado y exdiputado de 40 años Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como Tony Hernández, acusado de narcotráfico “a gran escala” por el Departamento de Justicia.

El ex capo declaró en marzo de 2017 que pagó al menos un soborno entre 2013 y 2015 al hermano del actual mandatario hondureño para agilizar pagos del Gobierno a una empresa creada por Los Cachiros. Esa reunión quedó grabada en audio y video y forma parte de las pruebas contra Hernández.

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A Devis Maradiaga se le atribuye los asesinatos del zar antidrogas Julián Arístides González y del coordinador de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Alfredo Landaverde, además de las muertes de los periodistas Nahún Palacios y Aníbal Barrow.

Cuando el jefe de Los Cachiros se entregó en las Bahamas y ofreció su ayuda a los estadounidenses, él y su hermano Javier Eriberto Rivera Maradiaga, 46 años, ya estaban en la mira de agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), que operaban en Honduras para desbaratar el paso de cocaína hacia Estados Unidos a través de México.

Con su ayuda, los fiscales han presentado cargos en una corte de Nueva York en contra de siete oficiales de policía y de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo. A cambio, a Devis se le retiraron los cargos, se le otorgó la protección y traslado a Estados Unidos de su familia y su inclusión al programa de testigos protegidos, además a Javier Eriberto se le redujo la condena en la cárcel y otros miembros del clan tendrían penas mínimas o ninguna.

Otro de los acuerdos fue que algunos de sus bienes no serían parte de lo que se les confiscaría y que una parte del dinero también estarían para los gastos de la familia Rivera Maradiaga en Estados Unidos.

Fabio Lobo fue condenado a 24 años de cárcel por conspirar para traficar cocaína y antes, en diciembre de 2017, el banquero y político Yani Rosenthal fue sentenciado a 36 meses de cárcel, a renunciar a $500,00 y a pagar una multa de $2.5 millones por el delito de lavado de dinero procedente del cartel de Los Cachiros.

“El comercio ilícito de drogas en Honduras no solo infectó a gran parte de la sociedad civil, incluso los niveles más altos del gobierno y el sector financiero, sino que también permitió que su gente quedara expuesta a terribles niveles de violencia”, declaró Joon H. Kim, uno de los fiscales estadounidenses encargados de los procesos en Manhattan.

Los Cachiros es considerado el cartel más grande de Honduras que acumuló unos mil millones de dólares proveniente del narcotráfico. El clan fue conformado por los Rivera Maradiaga, una familia de antiguos ladrones de ganado hasta encargarse del tráfico de cocaína entre Colombia y México.

El grupo hondureño compraba la cocaína a carteles colombianos y la trasladaban al Cartel de Sinaloa y a otros grupos mexicanos, un negocio que duró de 2004 a 2015 gracias a sus intereses empresariales y políticos y contactos en el ejército y policía, especialmente en el departamento de Colón.